Los fiscales superiores de las comunidades autónomas apuran el plazo, que vence este lunes, para remitir a la Fiscalía General sus informes con las denuncias y querellas en curso sobre abusos sexuales a menores en instituciones religiosas, cuando aún restan casi la mitad de las regiones por enviar sus documentos.
En su oficio del pasado 31 de enero, el Ministerio Público daba un plazo de díez días a los 17 fiscales superiores autonómicos, que se cumple mañana, para el envío de toda la documentación relativa a procedimientos «incoados tanto en sede judicial como fiscal».
Sin embargo, todo apunta a que Fiscalía será flexible con los tiempos ya que no todos los fiscales superiores han podido entregar sus documentos y la propia fiscal general, Dolores Delgado, admitió el pasado jueves, en Palma, que no se sabe cuándo se podrá disponer de la información, precisamente por ser laborioso obtenerla.
Fuentes fiscales han explicado a Efe que se trata de una información que hoy por hoy no se puede obtener de las aplicaciones informáticas, por lo que requiere un gran esfuerzo de las fiscalías ya que hay que ir asunto por asunto en los juzgados.
Como explicó el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló: «El problema es que el registro informático no nos da estos datos». Detalló que la información solicitada se recopila por juzgados, «asunto por asunto», porque «no hay registro de menores abusados y de personas de centros religiosos que sean los investigados».
Hasta la fecha, han cumplido con el trámite los fiscales autonómicos de Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura, Asturias, Baleares, Galicia y Canarias.
Galicia es con siete, hasta el momento, la comunidad que más asuntos penales tiene en trámite en los juzgados de instrucción sobre delitos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
Le siguen Baleares, cuyo fiscal superior, Bartomeu Barceló, informó esta semana de que hay cinco investigaciones en marcha en esta comunidad -dos de los casos son conexos- los mismos de los que informó el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández.
En su informe se detalla que las fiscalías provinciales investigan cinco supuestos casos en la comunidad: uno en Ciudad Real, dos en Cuenca y otros dos en Toledo, en tanto que no constan procedimientos en las fiscalías provinciales de Albacete y Guadalajara.
Por su parte, el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, remitió su informe con dos casos abiertos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ningún caso en Las Palmas.
También elevó informe la Fiscalía de Alicante, en el que detalla que no se tiene constancia de denuncias relacionadas con casos de abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas de la provincia desde, al menos, 2018.
Fuentes de la Fiscalía precisan que, entre 2018 y principios de 2022, solo se ha registrado una denuncia por un supuesto episodio de abuso sexual en el ámbito religioso, el cual habría sido cometido presuntamente por un profesor de religión que impartía clases en un Instituto de Educación Secundaria en Torrevieja, que sería de titularidad pública y por tanto, sin vinculación con ninguna entidad religiosa.
Al igual que Alicante, las fiscalías de Asturias y Extremadura señalaron que no existe ningún procedimiento penal en tramitación.
Mención aparte merece el caso de Navarra, que a falta del informe oficial del fiscal superior, esta semana se hizo público un documento, realizado por la Universidad Pública de Navarra por encargo del Gobierno, que ha identificado a 31 supuestos abusadores y 52 víctimas que son «la punta del iceberg».
Según los datos del estudio, los abusos identificados se cometieron en 17 centros educativos o instituciones de 10 congregaciones en 12 municipios y sus autores fueron un director de centro, 21 profesores, un fraile, dos sacerdotes, 3 enfermeros, 3 regentes de tiendas de material escolar o golosinas y un portero.
Delgado recordó que la Fiscalía General del Estado ha pedido a las fiscalías superiores información sobre estos casos para «analizar cuantitativamente» la situación, para después hacer «un análisis cualitativo»: «Qué es lo que hay, hasta dónde podemos llegar y hacer una radiografía y un diagnóstico de cuál es la realidad» es el objetivo de la Fiscalía.
EFE
