EFE/ El Govern, los consells insulars y los ayuntamientos se han comprometido a incrementar las ayudas al sector del transporte, a los agricultores, ganaderos y pescadores y a las personas con menos recursos económicos para atenuar el impacto del alza de los precios de la energía.
Los representantes institucionales se han reunido con sindicatos, patronales y la mayoría de los grupos políticos en el marco del Pacto de Reactivación Económica para acordar medidas complementarias a las propuestas al Gobierno central para contener la inflación, aliviar sus efectos sobre los más pobres y contribuir a atender a los refugiados ucranianos.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha subrayado que, aunque corresponden al Gobierno central y la Unión Europea las iniciativas para reducir el coste de la electricidad y los combustibles, que ha definido como «la madre de todas las batallas», en Baleares se adoptarán políticas de refuerzo pactadas con los agentes sociales y con el mayor respaldo político posible.
La jefa del ejecutivo, que no ha cuantificado el volumen económico de las ayudas y ha remitido a futuros acuerdos, ha asegurado que tanto los consells insulars como los ayuntamientos pondrán sus remanentes «a disposición» de los distintos programas de ayudas y aportarán sus recursos para la acogida y prestación de servicios a los refugiados.
Respecto a esta acogida, Armengol ha adelantado que se aprobarán deducciones fiscales para las familias que acojan a refugiados ucranianos y también para quien hagan donaciones para ayudar a estas víctimas de la guerra.
La presidenta ha señalado que las ayudas directas al transporte y al sector primario «se irán trabajando con los sectores y los agentes sociales» y ha anunciado asimismo nuevas líneas de avales de la Sociedad de Garantía Recíproca Isba para agricultores, ganaderos y pescadores.
Otra iniciativa apuntada es la asunción por parte de las instituciones públicas responsables de «los encarecimientos de los transportes públicos» para poder mantener los precios, y se proponen además incrementar los servicios para ayudar a reducir los desplazamientos con medios privados dada la carestía de la gasolina.
Armengol ha dicho, asimismo, que se están preparando nuevas regulaciones para la agilización administrativa y de «adecuación de la contratación pública a los precios de ahora».
Más allá de las medidas solicitadas al Gobierno central, el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha expuesto algunas de las iniciativas del ámbito de competencia autonómico tendentes a «profundizar en la transición energética» para reducir la dependencia del gas ruso.
Una de las líneas principales tanto de las demandas al Ejecutivo estatal como de actuación regional se centra en el fomento del autoconsumo eléctrico.
Respecto a la agricultura, la ganadería y la pesca, Yllanes ha asegurado que se darán ayudas para alimentación animal y la compra del gasoil pesquero y se suprimirán las tasas de los puertos autonómicos para los barcos profesionales.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, que también ha planteado peticiones al Gobierno como la agilización del «bono social térmico» para las familias vulnerables y el mantenimiento de las prohibiciones de desahucio de inquilinos sin recursos, ha anunciado el aumento de subvenciones a Cruz Roja, Cáritas y otras ONG y el refuerzo de los fondos para las redes de asistencia de los ayuntamientos.
Por primera vez desde que se constituyó el Pacto de Reactivación Económica, creado ante la crisis de la covid, el PP ha asistido a una reunión, aunque su portavoz parlamentario, el ibicenco Toni Costa, la ha considerado decepcionante y ha dejado entrever que su partido no volverá a asistir.
«Lamentamos profundamente que no se hayan concretado las medidas», se ha quejado Costa, que ha abogado por la bajada de impuestos y ha censurado la demora en afrontar con iniciativas de efecto inmediato una situación tan urgente como la presente.
