EFE/ El Consell de Eivissa ha remitido a Fiscalía una copia del expediente de contratación de la campaña de promoción turística «La vida Islados» como «garantía de transparencia y colaboración absoluta», según ha informado la institución insular en un comunicado.
La administración ha decidido realizar esta acción después de que la Oficina Anticorrupción haya remitido el caso al Ministerio Público. El Consell detalla que el expediente refleja la contratación que se tramitó por la vía de emergencia, por 745.000 euros, para varias acciones de promoción turística; y defiende que cuenta con numerosos informes técnicos y jurídicos que avalan «todos y cada uno de los contratos».
Entre esas acciones está la adjudicación de la campaña «La Vida Islados» por valor de 250.000 euros, que consistió en la edición de varios vídeos, material gráfico, material sonoro y su difusión en medios digitales, explican desde el Consell.
El equipo de gobierno ha decidido enviar el expediente a Fiscalía después de haber tenido conocimiento de que el principal grupo de la oposición del Consell de Eivissa, el socialista, «interpuso una denuncia anónima» ante la Oficina Anticorrupción. Así se refieren a la denuncia que puso la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE), que ha informado este miércoles sobre ella en una nota de prensa, pero que desde el equipo de gobierno aseguran que hasta este momento era anónima.
Ante esta denuncia, han afirmado que ni el Consell de Eivissa, «ni ninguno de sus cargos» ha tenido la oportunidad de ejercer su «legítimo derecho a defensa», que podría haber sido «vulnerado«.
El equipo de gobierno tuvo conocimiento el año pasado, a través de un oficio de la Oficina Anticorrupción, que se investigaba este expediente. El oficio relataba unos hechos a los que daba «credibilidad sin contrastar» y fue «respondido en tiempo y forma», añade la administración. Señalan que la Oficina nunca ha resuelto estas alegaciones y ha enviado a la Fiscalía una documentación sobre la que el Consell de Eivissa «no ha tenido acceso en ningún caso, vulnerando los derechos de legítima defensa», añade el comunicado de prensa de este miércoles.
La administración insular ha insistido en que era una «campaña necesaria» para responder a una realidad que «nunca se había vivido en Ibiza» con una bajada histórica del número de turistas que «puso en peligro» todo el tejido empresarial, económico y social de la isla.
Aseguran que una tramitación diferente a la de emergencia hubiera supuesto la «inviabilidad absoluta» de poder tener la campaña de promoción operativa durante los meses de verano.
Las acusaciones del PSOE
Precisamente el PSOE de Ibiza había exigido este miércoles que el presidente Vicent Marí se pusiera de «forma inmediata» a disposición de la Fiscalía para dar explicaciones por la adjudicación «a dedo» del vídeo de promoción turística «La vida Islados». Los socialistas habían reclamado a Marí en un comunicado que aportase toda la información y la documentación en relación con este contrato.
De hecho, el PSOE subraya que la Oficina Anticorrupción «ha confirmado los hechos denunciados» dando traslado del caso a la Fiscalía por los «indicios de conductas o hechos presumiblemente delictivos» por parte de Vicent Marí. Considera el asunto «extremadamente alarmante» y asegura que merece una respuesta también ante el conjunto de la ciudadanía, no solo ante la Fiscalía.
Cronología de los hechos
El Consell adjudicó la grabación del video «La vida Islados» por 250.000 euros durante el estado de alarma a través un decreto de Presidencia firmado por Vicent Marí en junio del 2020.
Los socialistas denunciaron públicamente esta adjudicación en verano del 2020 y, posteriormente, la llevaron ante la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en las Islas Baleares por la «gravedad de la actuación» de Vicent Marí, «constatada» tras revisar toda la documentación del expediente, aseguran. El PSOE denunció que Marí adjudicó el contrato por emergencia, «sin publicidad ni concurrencia pública» para, presuntamente, favorecer a una determinada empresa.
Según agregan, el contrato se hizo «sin seguir los procedimientos legales», a la vez que se «falseó» la documentación para justificar el presupuesto de 250.000 euros. Los hechos ocurrieron durante el estado de alarma por la situación sanitaria, en 2020, «aprovechando» los procedimientos de emergencia aprobados por el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia, apuntan desde el PSOE.
También recuerdan que la misma Intervención General del Consell Insular advirtió al presidente insular de las «irregularidades» y le exigió la «nulidad del contrato». Sin embargo, el presidente del Consell «se negó», dictando un decreto de Presidencia para poder pagar las facturas a pesar del informe en contra de Intervención.
