El 48% de los residentes de las Islas Baleares no tiene acceso a juzgados especializados en crisis familiares, según ha denunciado este jueves la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) en Ibiza.

Las islas sólo disponen de cuatro Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia, lo que deja a la mitad de la población balear, 566.744 residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público “cualificado” para resolver divorcios, custodia de hijos, herencias o tutelas y protección de personas con discapacidad.

La asociación ha elaborado un informe sobre la situación de precariedad que viven los juzgados de Baleares y de Ibiza en derecho de familia, y ha dado a conocer los datos en el Consell de Ibiza, en el marco de la presentación del Congreso de Derecho de Familia que se celebra este jueves y viernes en la isla.

Según el informe, la situación se agrava en los partidos judiciales de Ibiza, Ciutadella, Maó, Inca y Manacor, donde el 100% de la ciudadanía se ve privada de esta atención especializada. Esto ocurre, explican, porque los juzgados de familia de la comunidad se concentran en el partido judicial de Palma, en detrimento de los otros cinco

Asimismo, la asociación advierte que en Balears hay juzgados que “tardan más de un año” en señalar la vista de medidas provisionales para que un padre o una madre “vea a sus hijos o pague la pensión de alimentos”, a lo que se añade el tiempo para la resolución judicial.

Entre los principales problemas registrados en Ibiza, la abogada ibicenca experta en Derecho de Familia Fanny Cardona, explica que una sola jueza debe asumir “todos los asuntos” de Familia que entran en los cinco juzgados de Primera Instancia de Ibiza, lo que provoca una falta de “agilidad en la tramitación de los expedientes” y demoras.

La letrada destaca el “enorme retraso” en los procedimientos tramitados en materia de Familia, que sufren los ciudadanos de la isla, a lo que añade la “dificultad” de la presencia de población flotante, que complica los emplazamientos y notificaciones, y retrasa el inicio del proceso.

Asimismo, señala que Ibiza carece de un equipo psicosocial para los asuntos de Familia, lo que alarga los procesos y “potencia” la violencia de género, además de provocar “dilaciones y perjuicios” para las familias con “especial incidencia” en los niños y las niñas.

Entre otras cuestiones, explica que en la isla “tampoco existe un fiscal fijo y específico” y que cada semana interviene uno diferente por turno rotatorio. Además, advierte que la situación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer “también es especialmente grave” donde la intervención del único equipo psicosocial adscrito a la Clínica Forense formado por solo un psicólogo y una trabajadora social es “claramente insuficiente”.

El Congreso de Derecho de Familia de Ibiza está organizado por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y por la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF), y dirigido por la abogada Fanny Cardona Prats.

Durante estos dos días, más de 200 juristas procedentes de Balears y del resto del país se dan cita en la isla para abordar asuntos como el régimen económico-matrimonial de las parejas. Entre los ponentes del congreso figura la magistrada del Tribunal Supremo, María Ángeles Parra Lucán.