La gratuidad en la educación de 2 a 3 años anunciada ayer a bombo y platillo por el gobierno balear no está, a día de hoy, garantizada al ciento por ciento. Al menos tal y como la ha planteado el Ejecutivo de Francina Armengol, presidenta de la comunidad, ni tampoco en los plazos estipulados.
Tras una reunión telemática celebrada este mediodía entre la conselleria de Educación y los centros privados (Xarxa complemàtaria) del archipiélago, la aplicación de la buena nueva del Govern ha saltado por los aires. De hecho, las guarderías ya han puesto en manos de profesionales las consecuencias de una posible salida en bloque del control ejercido por la conselleria para poder operar con libertad de precios y no verse abocadas a echar el cierre de sus negocios con las condiciones impuestas en un principio.
Nada de lo hecho público hasta el momento por el Govern sobre la gratuidad en la escolarización de 2 a 3 años había sido previamente consensuado con las guarderías de Mallorca ni de Ibiza, que, aparte del enfado que ha generado entre sus responsables el hecho de haberse tenido que enterar de ello a través de los medios de comunicación, ven la propuesta económica realizada, 36.000 euros por aula y curso escolar (10 meses al año), independientemente del número de alumnos, totalmente incompatible con la supervivencia de sus centros.
El planteamiento, en base, beneficia a las escoletas con menor número de alumnos y penaliza aquellas con más plazas, puesto que, en un principio, los gastos no son los mismos para unos que para otros, ni en los suministros ni en el desgaste de mobiliario, por poner dos ejemplos, cuando, sin embargo, la cantidad a recibir será idénticamente la misma para todos por cada aula de 2 a 3 años.
Solo aquellos centros con déficit de alumnado, y que representan una enorme minoría dentro del sector a nivel balear (menos del 20%), parecen inicialmente satisfechos con lo ofrecido, puesto que ven la posibilidad de tener un mayor beneficio a costa de la gratuidad.
Sin embargo, este hecho no deja de ser una mera anécdota en toda la polémica ejecución de la gratuidad promovida por el Govern, ya que el precio que piensa pagar inicialmente la administración balear por alumno y mes es muy inferior a los gastos generados y, por tanto, inviable por completo con los negocios privados, dicen los afectados.
Las guarderías defienden que hacer frente a todos los requerimientos que representa estar dado de alta como Centro de Educación Infantil en Baleares es incompatible con que se les pague a la semana 50 euros por alumno por cuatro horas al día de lunes a viernes, y que el precio, para no tener pérdidas, fluctuaría entre los 60 y los 75, en función de las especificidades de cada centro, su ubicación y el precio del alquiler de los locales, así como la antigüedad de la plantilla y los gastos derivados en este sentido por el convenio marco de sus empleadas (educadoras, cocineras y servicio de limpieza).
Todos estos hechos han sido trasmitidos este mediodía a la conselleria, que si bien se ha prestado a estudiar cada caso, no ha hablado en ningún momento de forma abierta de la posibilidad de incrementar la cuota anunciada por aula o a hacer un reparto equitativo por número de plazas. Por este motivo, los centros se han puesto manos a la obra para estudiar las posibilidades que existen para abandonar la red balear de educación de 0 a 3 años y no tener que cerrar sus negocios.
Durante la reunión se ha hablado también de que la fórmula más adecuada de gestionar la gratuidad, bajo el prisma de las guarderías, tendría que haber sido la de dar un bono de 200 euros al mes por alumno, y que no fueran las guarderías las que tuvieran que pagar parte de la gratuidad anunciada por el Govern. Además, el plan de pagos también ha sido motivo de enfrentamiento, ya que se ha estipulado de forma cuatrimestral y se ha animado a los centros a solicitar una póliza a los bancos, con el correspondiente coste adicional que conlleva, para hacer frente a los gastos.
Tanto el Govern como los centros se han emplazado a una nueva reunión de cara a la semana que viene para tratar de limar diferencias. Mientras tanto, las guarderías privadas de Mallorca e Ibiza ya buscan la manera de poder trabajar al margen de la conselleria para poder subsistir si no se alcanza un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Si éste no es posible, se plantean cambiar el modelo de negocio, o, en última instancia, cerrar puertas ante lo que entienden como una estocada definitiva tras dos años de pandemia y la inflación.
