EFE / El Govern asumirá desde el próximo 1 de julio la gestión del litoral balear, como ha anunciado la presidenta autonómica, Francina Armengol, en una rueda de prensa después de reunirse con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez.

En un acto celebrado en el Consolat de Mar, en Palma, la dirigente autonómica ha remarcado la importancia que supone la transferencia de estas competencias del Estado al Govern. «Hoy es uno de esos días que son historia», ha manifestado.

Desde el punto de vista presupuestario, el traspaso implica hacer llegar a las islas 1.306.704 euros para la gestión de esta competencia.

Armengol ha defendido la importancia de que la administración más cercana a los ciudadanos asuma las competencias de gestión en materia del litoral, un aspecto que también ha aplaudido el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir.

Durante su intervención, la presidenta autonómica ha resaltado que se trata del traspaso competencial más importante después de la llegada a la gestión autonómica de la educación y la sanidad.

Armengol considera que era «una anomalía» que un territorio insular no tuviera las competencias sobre su litoral y su costa, y que, por lo tanto, era una competencia fundamental desde el punto de vista político y de gestión.

También ha apuntado que se está negociando con los Consells insulares la transferencia de litoral en rústico, de manera que se pueda hacer de manera simultánea con el traspaso de costas.

Ha recordado que el próximo 1 de julio se cumplirá el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. «Nada culmina mejor el autogobierno de esas islas que la transferencia de competencias», ha dicho.

Por su parte, el conseller Miquel Mir ha explicado que esta transferencia de competencias a Baleares permitirá gestionar y decidir sobre una franja territorial estratégica de cara al presente y el futuro de las islas.

Como ha reconocido, ello permitirá establecer una mejor y mayor coordinación entre las políticas ambientales y territoriales del archipiélago, sobre todo de cara a luchar contra el cambio climático e incrementar la resiliencia de esta franja costera, que ha calificado de «frágil y vulnerable».

Este acuerdo de transferencia supone que, a partir del próximo 1 de julio, Baleares será la responsable de gestionar, otorgar y vigilar las autorizaciones de usos de temporada del dominio público maritimoterrestre, las zonas de servidumbre de tráfico o las concesiones demaniales (título que otorga a una persona, física o jurídica, el derecho al uso y disfrute o aprovechamiento privativo y temporal de un bien o derecho de dominio público manteniendo su titularidad) que incorpora la Ley de costas.

De esta manera, el ejecutivo balear tendrá como funciones las autorizaciones relacionadas con las tumbonas, las sombrillas, las cantinas, las zonas de fondeo, la celebración de conciertos o cursos en dominio público maritimoterrestre o la instalación de otros bienes muebles desmontables.

El Govern también se encargará de tramitar, imponer y recaudar sanciones por incumplimiento de la servidumbre de paso, de las autorizaciones de uso del dominio público maritimoterrestre o de incumplimientos de las condiciones de las concesiones.

Por otro lado, la recaudación derivada de los impuestos y cánones de las concesiones continuará correspondiendo al Estado.

La planificación, la elaboración de proyectos y la ejecución de obras que no son de interés general también serán competencia de Baleares, y en las actuaciones que sí que sean consideradas de interés general, como la regeneración de playas, el Govern participará haciendo una propuesta o presentando un informe.

Además del presupuesto por 1.306.704 euros para la gestión de esta competencia, también se subrogarán 18 trabajadores, seis vehículos y la sede de la Demarcación de Costas, situada en la capital balear, como ha comentado Mir.