La Policía Nacional ha detenido en varios puntos de España a 22 presuntos integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal, entre ellos sus tres líderes, acusados de conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros.
A este colectivo se le atribuyen 65 hechos delictivos, entre ellos el lanzamiento de pintura a la fachada del Congreso de los Diputados, el corte de carreteras en Madrid, daños a obras del Museo del Prado y el acceso a las pistas de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas, provocando el cierre temporal de las mismas.
En Ibiza, la organización llevó a cabo acciones centradas en el sector turístico de lujo que comenzaron el 10 de julio, cuando activistas pintaron de negro las míticas cerezas de la discoteca Pachá.
Al día siguiente, simpatizantes de Futuro Vegetal irrumpieron en el ‘beach club’ de lujo Blue Marlin, con pancartas con el lema ‘Your luxury our climate crisis’ (Tu lujo, nuestra crisis climática), y el viernes 16 de julio burlaron la seguridad del aeropuerto para rociar con pintura un reactor privado.
Esta acción supuso el arresto y posterior puesta en libertad con cargos de las cuatro personas acusadas de daños e infracción de la seguridad aérea.
Al día siguiente acciones continuaron con un nuevo ataque con pintura a un coche de lujo y el 18 de julio hicieron lo mismo con un yate de 110 metros de eslora propiedad de una millonaria estadounidense.
Según ha informado la Policía Nacional, los arrestos se han realizado realizaron de forma coordinada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián.
La investigación policial, que arrancó hace un año, constató que la organización estaba compuesta por un elevado número de integrantes, con un claro reparto de tareas coordinados por líderes –conocidos como «dinamizadores»–, quienes asumían roles directivos y recibían remuneraciones por sus responsabilidades.
Futuro Vegetal recibió más de 140.000 euros en donativos, parte de los cuales fueron supuestamente empleados por los tres cabecillas de la organización para coordinar su actividad delictiva.
Los miembros de la organización establecieron relaciones internacionales con otros colectivos similares, llegando a cometer acciones en el extranjero, como el sabotaje de una gasolinera en la localidad de Laruns (Francia) el pasado septiembre.
La investigación arrancó en enero de 2022 después de que varios activistas lanzaran pintura contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid.
Desde entonces, miembros de este colectivo actuaron al menos en otras 65 ocasiones en otros puntos de España causando daños estimados en más de 500.000 euros, sin cuantificar los desperfectos causados al patrimonio artístico.
Por estos hechos los 22 arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.
Futuro Vegetal habla de persecución policial
Por su parte, fuentes de Futuro Vegetal han mostrado a EFE su malestar por este tipo de noticias, ya que consideran que ponen de manifiesto la persecución policial a la que dicen están sometidos y el interés por reprimir sus protestas.
También dicen sentirse extrañados por las acusaciones de «organización criminal» cuando a su juicio cualquier activista tiene muy claro que la pertenencia a estos colectivos medioambientales no aporta ningún tipo de beneficio económico sino más bien todo lo contrario.
Miembros de Futuro Vegetal habían sido detenidos en múltiples ocasiones en el pasado como consecuencia de sus acciones reivindicativas pero no por su presunta pertenencia a una banda criminal, delito que ahora se les imputa por su estructuración y reparto de funciones.
Las fuentes de la organización también cuestionan la estimación de que sus daños han causado un perjuicio de medio millón de euros, ya que aseguran que toman precauciones para minimizarlos como, por ejemplo, arrojar tempera de agua o jugo de remolacha a sus objetivos.
EFE / Redacción
