El Club Náutico de Ibiza (CNI) ha remitido a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) un escrito solicitando que se le adjudique ya el concurso para la gestión de sus instalaciones, o en su defecto, desista de la celebración del concurso.
La petición se fundamenta, entre otras razones, en que el organismo portuario «no ha planteado ninguna solución realista a los graves problemas de seguridad del puerto» y «no debe aceptar -por baldía y técnicamente inviable- la propuesta incluida en la oferta de la sociedad mercantil Puertos y Litorales Sostenibles (PLS) de contener la fuerza de las olas mediante una simple estructura flotante», han explicado en rueda de prensa y en un posterior comunicado.
La tesis del Club Náutico de Ibiza se basa en distintos informes técnicos que acreditan «la ineficacia del pantalán incluido en el proyecto de PLS» para hacer frente a “los problemas de seguridad y operatividad de la instalación” a los que se refieren los pliegos del concurso y reclama a la Autoridad Portuaria de Baleares a que haga uso de su facultad de desistir del concurso.
El Club Náutico de Ibiza considera que la duración establecida en el concurso -una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) de un año prorrogable año a año con un máximo de tres- «no permite, ni de lejos, amortizar las obras necesarias para construir un dique de contención fijo que garantice la seguridad de la instalación, y entiende que esta obra debería ser asumida de forma directa por la APB».
Todos los informes de ingeniería recabados por el club para la preparación de la oferta de la AOT coinciden en determinar que cualquier estructura que no sea fija “no resuelve ni minimiza la problemática de seguridad del puerto”. Dichos dictámenes obran ya en poder de la APB.
“Esta es la razón por la que el CNI no presentó una oferta de inversión relevante en este capítulo, pues entendemos, y así se lo hemos hecho saber en múltiples ocasiones a la APB, que la única solución es redactar un proyecto de dique de contención que dé seguridad a la dársena… Y más cuando el club venía de tirar al mar 1,5 millones en unas inversiones ejecutadas siguiendo a pies juntillas los pliegos de la anterior ocupación temporal”, señala Vicent Canals, director del Club Náutico de Ibiza.
El CNI opina que el pantalán flotante de PLS es “inútil” y un “brindis al sol” para desequilibrar la balanza de las ofertas, y por ello no ve otra salida que “, o bien se seleccione su oferta como la más ventajosa, o bien que la Autoridad Portuaria desista del concurso, para convocar uno nuevo con unos pliegos realistas y que garanticen la seguridad y el fomento del deporte y la responsabilidad social en el sector náutico”, algo que, a su juicio, no es viable sin fijar unas tarifas máximas para los amarres.
En este sentido, la histórica entidad pitiusa, próxima a la celebración de su centenario, recuerda que la sociedad mercantil aspirante a quedarse con la gestión de las instalaciones «carece de cualquier experiencia y antecedentes en el fomento y la enseñanza del deporte, tal y como exigen los pliegos», y afirma que sólo por esta razón Puertos y Litorales Sostenibles, sobre cuyo mayor responsable han aparecido publicadas en la prensa “informaciones inquietantes”, ya debería haber sido descartada.
A modo de ejemplo, el Club Náutico de Ibiza recalca que su oferta permite disfrutar de un amarre de diez metros por un precio de 6.087 euros, frente a los 23.161 euros que debería pagar ese mismo propietario si Puertos y Litorales Sostenibles, contra toda lógica, ganase el concurso. El hecho de que esta empresa haya fijado la eslora considerada de “náutica social” en 8 metros es contraria a la legislación portuaria, que amplía de facto esta ‘categoría’ hasta los 12 metros. Más de un centenar de armadores ibicencos de poder adquisitivo medios se podrían ver privados de su amarre si se termina aplicando el brutal incremento tarifario planteado por PLS.
Otro aspecto demostrativo del riesgo de gentrificación al que se enfrenta el Club Náutico de Ibiza es la diferencia abismal en las ofertas para el arrendamiento del restaurante y la cafetería de la instalación. Mientras el club fija el precio en 72.000 euros anuales para garantizar que el concesionario pueda ofrecer precios populares, PLS propone un alquiler de 356.000, es decir, cinco veces mayor.
“En resumen -según explica el presidente del CNI, Juan Marí– lo que aquí se dirime es si la expulsión de los Ibicencos de un club con casi 100 años de historia, unánimemente reconocido por su labor deportiva y social, y que ha recibido el apoyo de las cámaras autonómica y estatal que representan a la ciudadanía, se puede producir en beneficio de una empresa cuyo único afán es el beneficio económico y que ha presentado abiertamente un proyecto especulativo y técnicamente dudoso”.
