Endesa ha detectado 671 casos de fraude eléctrico en la red de distribución de las Islas Baleares, con más de 6.641.500 kWh defraudados durante el 2023.
De ellos, 13 casos están relacionados con plantaciones de marihuana, con un total de 546.444 kWh de energía defraudada en las Islas Baleares.
Por municipios destacan el municipio de Palma con 280 expedientes de fraude con 2.804.996 kWh de energía defraudada, de los cuales 7 son expedientes vinculados a plantaciones de marihuana, Llucmajor con 52 expedientes de fraude e inca con 29; en el caso de la isla de Mallorca. En la isla de Ibiza, los municipios de Sant Antoni y Santa Eulària han sumado 16 casos cada uno, un total de 32, de los cuales varios corresponden también con plantaciones de marihuana.
En la isla de Menorca destaca el municipio de Ciutadella con 7 casos, y Maó y es Castell con 5 casos fraude.
Cada plantación consume, de media, como 80 viviendas, y por eso es tan grande el impacto de estas instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de la calidad del suministro en zonas con un porcentaje de fraude elevado.
El fraude eléctrico en España se ha incrementado de manera relevante a lo largo de los últimos años hasta convertirse en un problema grave con especial incidencia en algunas zonas.
Los últimos cinco años, los casos de manipulación de las instalaciones eléctricas detectados por Endesa han aumentado un 35% y los vinculados a plantaciones de marihuana casi un 70%. Solo el último año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló cerca de 150 fraudes al día, una práctica que supone una amenaza grave para la seguridad de las personas y genera perjuicios importantes para el conjunto de la sociedad. Las estimaciones indican que el fraude eléctrico cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones el año, el equivalente a 69 euros el año por cada punto de suministro.
«La manipulación de las instalaciones eléctricas nos afecta a todos. Supone un riesgo físico que puede provocar incluso la muerte de los implicados o de terceros que no tienen nada que ver con esta práctica ilegal, afecta la calidad del suministro y cuesta dinero a todos los consumidores», señala José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa.
Los cinco últimos años los casos de fraude de todo tipo detectados por e-distribución han aumentado un 35%: desde los 39.300 expedientes del 2019 a los cerca de 53.300 contabilizados el 2023.
La energía recuperada vinculada a estos expedientes se ha disparado un 58% hasta lograr los 662 *GWh, cifra equivalente al consumo de 190.000 hogares.
Plantaciones de marihuana y grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios acapararon el 74% de la energía defraudada detectada durante el último ejercicio por la filial de Endesa.
La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, a pesar de que es destacable que solo el 2% se localizó a las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3 kW.
Plantaciones de marihuana
Por el contrario, las instalaciones para cultivar marihuana en el interior de edificios, las conocidas como plantaciones indoor, concentran ya el 37% de la energía recuperada en los fraudes detectados por Endesa, casi diez puntos más que hace un año. Los expedientes por enganches ilegales en la red eléctrica vinculados a plantaciones de cannabis en las zonas donde opera e–distribución han aumentado cerca de un 70% los cinco últimos años, y la energía recuperada en estos expedientes se ha incrementado un 83% en el mismo periodo.
Cada día del 2023, los técnicos de e-distribución desconectaron de la red una media de siete plantaciones de marihuana.
Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España cerca de 2,2 TWh de electricidad, lo que equivale al consumo de Sevilla en un año.
En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico y los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan mediante conexiones ilegales que causan daños graves en la red eléctrica.
Generan sobrecargas que activan las protecciones de los centros de transformación provocando interrupciones de suministro que afectan todos los vecinos de la zona y, en casos extremos, llegan a originar incendios en líneas subterráneas o incluso en centros de transformación acabados de instalar.
Durante el último año, se incendiaron 14 centros de transformación solo en Sevilla y Granada por sobrecargas derivadas del fraude.
La proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por «verdaderas organizaciones transnacionales con una potente actividad policriminal», según los datos del Ministerio del Interior, supone, además, un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de e-distribución, que tienen que actuar encapuchados para evitar ser identificados y desarrollan su tarea con acompañamiento policial.
El último año, Endesa ha participado en cerca de 2.400 operaciones de las fuerzas de seguridad para desmantelar cultivos indoor, una colaboración que se refuerza con el intercambio continuo de datos y se extiende a otros expedientes de manipulaciones en la red, puesto que en seis de cada diez casos es necesaria su colaboración para cortar los suministros fraudulentos.
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