EFE / El Parlament balear ha aprobado este martes con los votos del PP y Vox el cierre de la Oficina Anticorrupción (OA) de las Islas Baleares creada en el año 2016 como iniciativa de Podemos que contó con el apoyo de sus socios en el Govern balear, el PSIB-PSOE y los ecosoberanistas de MÉS.
La eliminación de la Oficina era un compromiso electoral del PP y Vox, que este martes han vuelto a denunciar la parcialidad de este organismo al frente del cual se encontraba un exalto cargo de los gobiernos socialistas de Francesc Antich y José Luis Rodríguez Zapatero.
Su clausura definitiva ha sido incluida en la aprobación este martes de la proposición de ley de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares, una iniciativa política del Govern balear presidido por Marga Prohens (PP). Los partidos de la oposición han votado en contra.
La única diputada de Podemos en el Parlament balear, Cristina Gómez, ha mostrado su extrañeza de que sea precisamente el PP, el partido de la «corrupción sistemática» en las Islas Baleares, quien promueva la eliminación de esta oficina con el apoyo de Vox.
Gómez se ha preguntado quién se atreverá ahora a interponer una denuncia anónima y quién protegerá a los denunciantes.
El PSOE critica el «retroceso en transparencia» y estudiará recurrir la decisión
Desde el principal partido de la oposición, el diputado socialista Mar Pons ha lamentado que el PP imponga su «rodillo» autonómico en lo que ha calificado como una medida política que supone el «retroceso en transparencia y el buen gobierno».
«Hoy es un mal día para Baleares» y la «calidad democrática» de su vida política, ha dicho Pons, cuyo grupo estudiará recurrir el cierre de la OA ante el Tribunal Constitucional. Pons ha puesto el acento en que Baleares es la primera comunidad autónoma española que suprime un organismo anticorrupción.
En el caso de MÉS, la diputada Maria Ramon ha advertido que la «corrupción sale muy cara» desde el punto de vista económico y «democrático» y ha mantenido que los partidos deben ser «ejemplares».
En este contexto se ha preguntado «qué mensaje se transmite» a la ciudadanía con el cierre de esta oficina cuya finalidad era la prevención y el control de los casos de corrupción, así como la posibilidad de interponer una denuncia de manera anónima.
El PP resalta la «duplicidad» y «parcialidad» de este organismo
En el turno del PP, el diputado Mauricio Rovira se ha referido a la «duplicidad» y «parcialidad» de este organismo creado por el anterior gobierno de izquierdas.
Como ejemplo, Rovira se ha preguntado cómo es posible que la Oficina Anticorrupción no observara a lo largo de los años ningún tipo de irregularidad en el caso de las mascarillas compradas por el Govern durante la Covid-19 a una empresa vinculada al caso Koldo que está investigando la Audiencia Nacional.
Además, Rovira ha criticado la filtración periodística de expedientes de esta misma oficina que perjudicaban precisamente al PP.
El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha sostenido que es «evidente» que la Oficina era un órgano «ineficaz y parcial» que «no veía la viga en el ojo de la izquierda y sí la mota en el ojo de la derecha».
Además, con su clausura Vox cumple con una promesa electoral adquirida con los ciudadanos, por lo que este partido habría empleado la figura del decreto para eliminarla nada más comenzar la legislatura.
Huele mal, muy mal.