La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha abierto más de 200 expedientes desde la instalación de las cámaras de vigilancia en cinco puntos de contenedores del municipio por infracción a la ordenanza municipal.
La previsión es que el importe derivado de estas sanciones alcance los 120.000 euros, de manera aproximada, según el cálculo realizado por parte del departamento. Dentro de las tipologías de sanciones, la mayoría tiene que ver con el acopio de residuos fuera de los contenedores habilitados, tipificado este incumplimiento como infracción leve, que supone una multa económica de entre 300 a 9.000 euros. De las infracciones, hay algunas que por el volumen depositado o el grado de intencionalidad, se han valorado en cerca de los 2.000 euros, mientras que en otras se ha aplicado la mínima sanción de 300 euros.
La concejala de Medio Ambiente, Limpieza y Playas, Pepita Torres, ha explicado que “desde la instalación de las cámaras, se ha notado sustancialmente la mejora en estos puntos, reduciéndose el número de infracciones”. “Visto el éxito conseguido, desde la concejalía estamos valorando la instalación de cámaras en otras zonas con el objetivo de combatir los vertidos incontrolados y mejorar la calidad del servicio de recogida”, ha apuntado Torres, que ha recordado que las cámaras tienen, principalmente, una función disuasoria que se complementa con la labor de educación ambiental que se lleva a cabo desde el departamento.
Las cámaras, que se instalaron en septiembre de 2023, están ubicadas en los puntos de contenedores de la zona de los Bomberos, en la calle Garrovers de ses Païsses, en Can Guillamó, en el hipódromo de Sant Rafel y en es Taulell (carretera Sant Rafel – Forada).
Con este sistema de vigilancia y prevención de vertido de residuos, que se llevó a cabo a través de una subvención del Consell Insular d’Eivissa, la concejalía de Medio Ambiente dispone de un recurso para, en caso de incumplimiento, identificar las matrículas de los vehículos para poder aplicar el correspondiente procedimiento sancionador al amparo de la Ley 8/2019 de 19 de febrero de Residuos y suelos contaminados de Balears.
