El PSOE de Ibiza ha asegurado este miércoles que denunciará ante los tribunales la aplicación de la amnistía urbanística mediante la presentación de un recurso contra el acuerdo del Consell Insular que permite la legalización de edificaciones en suelo rústico cuyo infracción haya prescrito.
El portavoz del PSOE en el Consell Insular, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, la consellera insular Elena López y la diputada en el Parlament balear, Pilar Costa, han anunciado en rueda de prensa la interposición del recurso.
‘Agustinet’ ha señalado que Ibiza está “suficientemente llena y masificada” y con falta de recursos naturales, por lo que no se puede “seguir aumentando la presión sobre el territorio”, ha dicho.
También ha lamentado que cuando gobierna el Partido Popular “se puedan legalizar todos los desastres que se han cometido durante un tiempo”.
Por su parte, Elena López ha dicho que el PP ha aceptado el decreto de Marga Prohens “con los ojos cerrados” cuando se desconoce el “impacto” que puede tener para el territorio porque no se han hecho informes.
La diputada Pilar Costa, coincidiendo con el 25 aniversario de su investidura como presidenta del Consell Insular, ha hecho “un llamamiento al Partido Popular para que dejen este cinismo político” porque “no se puede hacer un discurso” hablando de terminar con la “masificación turística” cuando, por otro lado, se aprueba una normativa que “facilita esta masificación” y que los residentes tengan cada vez más difícil “acceder a una vivienda digne”.
En el recurso, el PSOE argumenta que la aplicación de la amnistía urbanística infringe el principio de jerarquía y de especialidad normativa, dado que el decreto “no regula de manera especial” los procesos de legalización en suelo rústico, sino que se limita a establecer medidas de “simplificación administrativa”.
También alega que el acuerdo del Consell Insular vulnera el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece que el uso del suelo rústico tiene que dedicarse a actividades vinculadas al “uso racional de los recursos naturales y la preservación de los valores ambientales, culturales y paisajísticos”.
El Partido Socialista argumenta que la Disposición Adicional Séptima del decreto permite la legalización “indiscriminada” de edificaciones, sin las “garantías necesarias” para preservar estos valores.
Por estos motivos, solicitará al tribunal que eleve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición Adicional Séptima del Decreto Ley 3/2024 ante el Tribunal Constitucional, y pedirá la suspensión cautelar del acuerdo del Consell Insular para evitar un «perjuicio irreparable» al medio ambiente y a la ordenación urbanística y territorial de las islas.
EFE
