EFE / Redacción / Los funcionarios estatales que prestan servicio en las prisiones incautaron el año pasado siete teléfonos móviles a reclusos ingresados en las cárceles de Baleares: seis en la de Palma y uno en la de Ibiza, según el sindicato ACAIP-UGT.
El sindicato ha denunciado este viernes el aumento de móviles en las 80 cárceles y centros de inserción competencia de la administración central -todas salvo las Cataluña y País Vasco-, donde el pasado año se incautaron 2.910 terminales, un 6,4% más que en 2022.
Según un comunicado de esta organización, se trata del número más alto de terminales intervenidos a los internos hasta el momento en las cárceles, donde está prohibida su tenencia.
La prisión de Madrid III, situada en la localidad madrileña de Valdemoro fue el centro donde los funcionarios retiraron el pasado año más móviles (152), por delante de la cárcel de Albolote en Granada (147) y la de Córdoba (142).
El sindicato recuerda que los teléfonos móviles son objetos prohibidos dentro de una cárcel debido al peligro que conlleva, ya que pueden ser empleados para la continuidad delictiva, el tráfico de drogas o la violencia machista, así como por los problemas que generan de seguridad al poder captar imágenes del interior.
Por esto, instan a la Administración a mejorar las medidas preventivas y modernizar los elementos de seguridad como inhibidores para que estos teléfonos no puedan ser utilizados y dejen de ser artículos cotizados entre los reclusos que tienen restringidas las comunicaciones.
El sindicato asegura que los móviles son introducidos en las cárceles incluso a través de drones y ocultos en otros objetos como paquetes de galletas o botes de champú.
