Al rechazo de los vecinos afectados y al de organizaciones ecologistas se suma ahora el PSOE, que exige al PP la retirada del proyecto de macrovariante de Sant Rafel debido a sus impactos “inaceptables e insoportables”. “Un proyecto de 21 millones de euros para dar cabida a más vehículos es contradictorio con la intención de limitar la entrada de coches en Ibiza”.
Así, el PSOE ha presentado un documento de alegaciones para exigir la retirada del proyecto de construcción de la macrovariante de Sant Rafel de sa Creu, impulsado por el Consell Insular.
Un proyecto valorado en 21 millones de euros que contempla una rotonda elevada a la salida del túnel y la creación de un nuevo vial, alejado del núcleo de población, de 1,2 km de longitud, que transcurriría en su mayor parte por suelo rústico, con dos rotondas adicionales en superficie y un paso subterráneo.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Antonio Lorenzo; la consellera insular del PSOE, Elena López; la concejala socialista Neus Marí y el exconcejal Pep Marí ‘Marge’ han presentado ante los medios de comunicación el documento de alegaciones socialistas para exigir al Partido Popular “la retirada de un proyecto que conlleva unos impactos paisajísticos, ambientales y territoriales inasumibles e inaceptables”. Un proyecto “injustificado técnicamente, que incumple las directrices de carreteras y medioambientales, y que ni siquiera soluciona los problemas de movilidad del pueblo”, han advertido.
El PSOE responsabiliza «directamente a la consellera insular del PP, Sara Ramón, quien ha recibido el apoyo del conseller de carreteras, Mariano Juan, y de Vicent Marí, para promover este proyecto de macrovariante». El “fracasado plan piloto” de movilidad que se implementó en Sant Rafel ha sido “la excusa” para presentar ahora este proyecto, han criticado los socialistas.
En sus alegaciones, el PSOE recuerda que el Parlament balear ha aprobado recientemente, con un amplio consenso entre los grupos parlamentarios y la ciudadanía de la isla, la Ley para el control de la afluencia de vehículos a la isla de Ibiza, la cual será de aplicación a partir de la temporada estival del año 2025. En este contexto, resulta “absolutamente contradictorio”, según explicaron los representantes socialistas, que la misma administración que pretende controlar la entrada de vehículos a la isla, el Consell Insular, «quiera aprobar un proyecto de infraestructura vial, la opción más impactante de todas, para dar cabida a más vehículos, con un consumo de territorio y un impacto con efectos irreversibles que hipotecarán a las futuras generaciones».
Además, en el documento de alegaciones, el PSOE advierte de que el proyecto aprobado «no es conforme a las previsiones del Plan Director Sectorial de Carreteras (PDSCE) aprobado en 2016 por el Consell Insular», que, entre otros objetivos, establece «medidas necesarias para conseguir un modelo de transporte racional y sostenible que permita atender de manera equilibrada las necesidades existentes y futuras de la población». Sin embargo, la variante propuesta «no es la más óptima ni cumple los criterios y directrices básicas del PDSCE (ni elimina el paso por el núcleo urbano, ni es la opción de menor impacto ambiental; al contrario)», denuncian.
El proyecto aprobado también «contradice las consideraciones técnicas emitidas en su momento por la Comisión Balear de Medio Ambiente (órgano que el PP de Marga Prohens decidió eliminar) en el informe relacionado con el «Estudio previo de la variante de Sant Rafel de sa Creu», que precede el proyecto actual», afirman. Este informe determinaba la necesidad de someterlo al trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria y establecía que en el proceso de valoración de las alternativas se debían considerar una serie de factores con especial incidencia en los elementos ambientales, integración paisajística, biodiversidad, etc. «No obstante, al no haber considerado ninguno de estos criterios, el Consell Insular ha valorado como alternativa más óptima la variante que implica mayor consumo de territorio y mayor impacto paisajístico y ambiental», lamentan.
En sus alegaciones, el Partido Socialista advierte de graves distorsiones entre los datos presentados en la descripción de las alternativas y los datos reflejados en los cuadros de valoración. A modo de ejemplo, el PSOE señala que las superficies afectadas por las variantes denominadas 1A y 1B, que según la memoria justificativa del proyecto afectan a una superficie de 19.645,24 m² y 21.232 m² respectivamente, en realidad afectan a superficies de 1.176,99 m² y 5.471,45 m² respectivamente, pues el resto de la superficie “afectada” corresponde a dominio público y, específicamente, a la vía EI-600 ya ejecutada y de titularidad del Consell Insular de Ibiza. «Esta superficie no debería figurar como afectada, ya que es una vía existente, mientras que gran parte del resto corresponde a suelo urbano. Incongruencias como estas se repiten en casi todos los elementos considerados por los técnicos para seleccionar la opción más óptima, cuando en realidad es la de mayor afectación», aseveran.
En cuanto a la movilidad del núcleo de Sant Rafel, el PSOE considera que «no queda acreditado ni justificado de ningún modo que la variante aprobada sea la solución más adecuada». «La ausencia de motivación y justificación en las valoraciones efectuadas por los técnicos redactores impide conocer las razones que llevan a concluir que la alternativa elegida es la más adecuada para la movilidad del núcleo de Sant Rafel y en qué mejorará la movilidad del núcleo la variante elegida respecto a otras propuestas», argumentan.
Por el contrario, el PSOE no comparte en absoluto que la mejor opción para resolver los problemas de densidad de circulación en el núcleo de Sant Rafel sea la apertura de un nuevo vial que, a diferencia de otros núcleos de población (Santa Gertrudis, Santa Eulària, Sant Carles, etc.), «se plantea completamente alejado del núcleo y, por ende, del suelo urbano ya transformado o, en su caso, del suelo urbanizable, y que además supondrá el aislamiento y estrangulamiento del núcleo de Sant Rafel, que quedará enclavado, sin solución de continuidad, entre dos vías que afectarán gravemente la actividad económica del núcleo y otras actividades».
Los socialistas inciden en el impacto sonoro que la nueva vía generará en el entorno, la fauna, las personas, y en general en el bienestar de las personas y viviendas cercanas a la nueva vía, «especialmente considerando que se quiere autorizar una vía con un límite de velocidad de 100 km/h, una velocidad desproporcionada en relación con la velocidad máxima de la vía de origen, que está limitada a 80 km/h».
Finalmente, el PSOE advierte de que todos estos impactos «son ignorados en el documento del proyecto, lo cual sugiere que la propuesta de variante aprobada no ha sido debidamente ponderada o bien que se trata, más bien, de una justificación forzada para dar cabida a una alternativa ya decidida previamente», concluyen.
