Los vecinos de la planta asfáltica de Sant Rafel, «indignados» con las administraciones locales

Los residentes de las zonas afectadas por la planta asfáltica en Sant Rafel han manifestado hoy en un comunicado su «profunda indignación y descontento» con el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell de Ibiza y el Govern balear tras constatar que la planta ha vuelto a entrar en funcionamiento en esta semana. Este hecho contradice las promesas reiteradas de su carácter temporal y de su desmantelamiento el 15 de diciembre de 2024, indican los vecinos en la nota de prensa.

Desde el primer momento, los vecinos de Sant Rafel, Es Fornàs, Can Nebot, Can Llaudis, Puig den Planells y otras zonas cercanas han expresado su preocupación por los riesgos que esta instalación representa para la salud y el medio ambiente. «Las emisiones de contaminantes peligrosos, cancerígenos, el ruido excesivo, los olores desagradables y la posible contaminación de acuíferos son problemas que, lejos de resolverse, ahora vuelven a impactar negativamente en la calidad de vida de los residentes», afirman los denunciantes.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el presidente del Consell, Vicent Marí, «han asegurado en diversas ocasiones que la planta asfáltica era una instalación provisional y que su actividad finalizaría el pasado 15 de diciembre. A pesar de estas declaraciones, los vecinos hemos constatado que las instituciones han incumplido sus compromisos». 

“Estamos profundamente decepcionados con la falta de transparencia y la ausencia de respuestas por parte de nuestras instituciones. No sólo han ignorado nuestras preocupaciones, sino que han demostrado una total falta de respeto hacia los residentes que vivimos a menos de 200 metros de esta planta asfáltica”, señalan los portavoces vecinales.

Los afectados también denuncian que no se ha llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental adecuada ni un seguimiento efectivo por parte de la conselleria de Medio Ambiente, «tal y como se prometió en su momento». «Este incumplimiento deja a los residentes desprotegidos frente a los riesgos sanitarios y medioambientales que implica la operación de la planta». En este sentido, los vecinos exigen:

1. El cese inmediato de la actividad de la planta asfáltica.
2. El desmantelamiento definitivo de la instalación y la restauración de la zona afectada.
3. La realización de un informe transparente y exhaustivo sobre los impactos ambientales y sanitarios generados hasta la fecha.
4. Compromisos claros y firmes de las instituciones para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Los residentes lamentan que, a pesar de las reiteradas solicitudes de información y los llamamientos al diálogo, no recibieron ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades responsables. Este silencio «no hace más que aumentar la desconfianza hacia las instituciones y pone en evidencia su falta de compromiso con los derechos de los ciudadanos». Por ello, recurrieron a Fiscalía, y fue Fiscalía la que abrió diligencias de investigación penales, encargando informe al SEPRONA.

En estos momentos, están a la espera de los resultados de este informe y de la decisión que tome Fiscalía al respecto.

Con el fin de visibilizar esta situación, los vecinos anuncian que llevarán a cabo nuevas movilizaciones y acciones legales si es necesario, para garantizar que se respete su bienestar y el de su entorno. Además, instan a los medios de comunicación y a la opinión pública a unirse a su causa y exigir una gestión responsable y transparente de los recursos y las obras públicas, concluye el comunicado

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