La Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha confirmado, en la sesión celebrada este jueves, la sanción de 905.137,61 euros al promotor y explotador del camping ilegal desmantelado el pasado verano en la finca de Can Rova, en la parroquia de es Puig d’en Valls, por una infracción de la Ley de Urbanismo.
Además, de manera paralela, el Consistorio inició una orden de ejecución contra esta misma persona y sus hermanos, titulares de la finca, para retirar el antiguo poblado. «Los elementos y los residuos ya han sido retirados, por lo que esta finca rústica ha vuelto a su estado original tal y como marca la ley», destaca el Consistorio.
Esta sanción se sitúa en el tramo más alto de las horquillas que permite la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de les Illes Balears, con un importe que supone el 212,5% del valor de todos los elementos irregulares detectados por los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento. En este sentido, no ha habido ninguna rebaja de la multa, ya que se consideró un agravante que el promotor del poblado ilegal hubiera obtenido un beneficio de la explotación de estos elementos instalados sin permiso.
Cabe recordar que la parcela, de 26.000 metros cuadrados, tiene la calificación de Suelo Rústico Común con categoría de Área de Transición. En ella se documentaron 103 elementos diferentes habilitados como alojamiento, desde casetas de madera a caravanas y autocaravanas, pasando por tiendas de campaña, un par de camiones y un microbús, así como un contenedor. Se pudo confirmar que la persona responsable cobraba entre 500 y 700 euros mensuales por uno de los elementos.
Las actuaciones llevadas a cabo se ejecutaron sin contar con la correspondiente licencia municipal de obras, resultandos ilegalizables, vulnerándose las condiciones de edificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento urbanístico municipal.
Ante esta sanción, el propietario tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición o un contencioso-administrativo en los Juzgados.
Hay que recordar que el explotador se enfrenta a otra multa del Govern balear, por valor de 2,4 millones de euros.
Además, varias de las personas usuarias de Can Rova y otras se han instalado a pocos metros, en el llamado Can Rova II, junto a la rotonda de la carretera de Sant Antoni.
