El Consell de Formentera ha manifestado su preocupación por el futuro del puerto de la Savina y ha anunciado la impugnación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en relación con el concurso para la gestión y explotación de la infraestructura portuaria.
En un comunicado, la institución insular ha informado de que su presidente, Óscar Portas, y la vicepresidenta primera y consellera de Movilidad, Verónica Castelló, se desplazaron este viernes a Mallorca para reunirse con el presidente de la APB, Javier Sanz. «El objetivo del encuentro ha sido conocer de primera mano los detalles del futuro concurso y trasladar las inquietudes del pueblo de Formentera», ha señalado el Consell.
Durante la reunión, Portas instó al presidente del organismo portuario a viajar a la isla «para explicar directamente a la ciudadanía los términos de la futura concesión». Según la nota, Sanz se comprometió a visitar Formentera próximamente para resolver las dudas del nuevo equipo de gobierno. No obstante, Portas expresó su inquietud ante «la urgencia mostrada por la APB en este proceso».
El Consell ha subrayado que, pese al escaso margen de maniobra, «se abre una pequeña posibilidad para realizar aportaciones al futuro del puerto de la Savina». En este sentido, la institución ha asegurado que trasladará toda la información que reciba de la APB a los representantes del Consell d’Entitats con el objetivo de «trabajar conjuntamente y encontrar la mejor solución para las instalaciones portuarias».
Asimismo, la Junta de Gobierno del Consell de Formentera ha aprobado este viernes un acuerdo para impugnar la decisión de la APB de aprobar los Pliegos de Bases y Cláusulas del concurso. La institución ha recordado que este paso responde a un acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno del pasado 20 de diciembre, en el que se rechazó «el inicio de la licitación de un concurso público para la gestión de una única marina de náutica deportiva en el puerto de la Savina».
En el comunicado, el Consell ha detallado que el acuerdo de impugnación incluye tres exigencias clave: «paralizar la tramitación de la licitación hasta que se realice un proceso de participación pública y transparente, reservar espacio en las futuras concesiones para embarcaciones particulares de hasta ocho metros de eslora y garantizar la libre competencia, evitando situaciones de monopolio en la prestación de servicios portuarios».
Por último, la institución ha señalado que tomará «todas las medidas necesarias, tanto administrativas como judiciales, para oponerse a la decisión del Consejo de Administración de la APB», lo que incluye la posibilidad de presentar un recurso en vía administrativa antes de recurrir al contencioso-administrativo.
