La Comisión de Justicia Gratuita de Baleares ha sido denunciada por prevaricación por haber concedido representación legal gratuita en dos procedimientos judiciales a una mujer que tiene ingresos superiores a los estipulados por la ley para optar a ella y varias propiedades inmobiliarias en Mallorca.
La denuncia señala que la mujer cuenta con la asistencia de un letrado y un procurador de oficio en un procedimiento penal por presunta falsedad que se juzgará en Palma en mayo, concedidos «indebidamente» por la Comisión de Justicia de Baleares porque no cumple los requisitos legales.
También se le concedió en un proceso civil relacionado con un arrendamiento en el que reclamaba una cantidad y donde fue condenada a abonar las costas procesales.
El denunciante alega que la mujer, que vive con un hijo menor de edad, tiene ingresos anuales superiores a que los que establece la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para familias de menos de cuatro miembros y es ademas propietaria de un «muy abultado patrimonio inmobiliario», con tres pisos en distintos lugares de Mallorca y una tercera parte de un chalet también situado en la isla.
Añade que la comisión de Justicia Gratuita de Baleares no debería siquiera haber tramitado la solicitud de asistencia jurídica gratuita de la mujer, porque la tramitó para impugnar la tasación de las costas procesales en el proceso civil en el que fue condenada a abonarlas y la ley establece que no se puede solicitar cuando el proceso ya hubiera finalizado mediante resolución firme.
Antes de presentar la denuncia, el perjudicado, representado por el abogado Pablo Cebrián, ha impugnado la resolución de concesión del beneficio de la justicia gratuita ante la propia comisión y ha pedido su revocación alegando que es contraria a derecho.
Se basa en que, según el artículo 4 de la Ley de Justicia Gratuita, para comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, además de las rentas y bienes patrimoniales que declare el solicitante, se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles que no sean vivienda habitual y aporta documentación del registro de la propiedad de las casas de las que es dueña.
El denunciante considera arbitraria la decisión de la comisión balear de concederle a la mujer la justicia gratuita cuando no tiene derecho a ella tanto por los ingresos acreditados como por el patrimonio inmobiliario del que es titular y añade que, a pesar de haber sido impugnada, esa concesión no ha sido revocada.
Reclama que se incoen diligencias previas por presunta prevaricación administrativa contra los miembros de la Comisión de Justicia Gratuita de Baleares y que se tome declaración al denunciante, a la beneficiaria y a los denunciados (el abogado del estado Nicolás Tronco, el decano del Colegio de Abogados, Martín Aleñar; el del colegio de Procuradores, Frederic Xavier Ruiz; y el secretario de la comisión, Enric Travesset).
EFE
