Formentera reclama al Gobierno medidas urgentes ante la creciente inmigración

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, recibió este viernes al diputado nacional del PP, José Vicente Marí Bosó, en una reunión «marcada por el diálogo y la colaboración institucional», según explican desde la máxima institución insular a través de un comunicado. El encuentro tuvo como objetivo «abordar los principales desafíos que enfrenta la isla y trasladar las preocupaciones de la administración insular al ámbito estatal».

Durante la reunión, se trató la creciente llegada de migrantes a Formentera, una situación que, según los datos actuales, muestra una tendencia al alza. Ambas partes coincidieron en la «necesidad de que el Gobierno de España asuma las competencias en el territorio insular de manera efectiva».

En este sentido, se reiteró la petición de que se declare la ruta entre Argelia y Formentera como puerta de entrada al sur de Europa, dada la realidad que enfrenta la isla. Además, la reciente aparición de un quinto cadáver en la playa de Llevant evidencia el drama humanitario al que la administración insular debe hacer frente sin contar con los recursos económicos ni humanos necesarios.

Tanto el presidente Portas como el diputado Marí Bosó subrayaron la urgencia de que el Ministerio del Interior dote a la isla de los efectivos necesarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en tierra como en mar, así como de la instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Marí Bosó reafirmó su compromiso de seguir exigiendo en el Congreso y en la Comisión Mixta de Insularidad los recursos necesarios, incluida la puesta en marcha del sistema de vigilancia previsto en el cabo de Barbaria, que sigue pendiente desde hace años.

Otro de los temas tratados fue la necesidad de que el Gobierno central firme el convenio de carreteras con el Consell de Formentera, lo que permitiría dotar a la isla de los fondos imprescindibles para la mejora de sus infraestructuras viarias.

Asimismo, se destacó la importancia de «intensificar la lucha contra la oferta turística ilegal, una medida clave para garantizar el acceso a la vivienda residencial y mejorar la calidad de vida de los residentes».

Ambos representantes acordaron mantener un contacto permanente y fluido para trabajar conjuntamente en la mejora de los servicios y prestaciones que afectan a los habitantes de la isla, explica el comunicado