El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza ha denunciado este viernes la falta de personal y de recursos económicos en los centros de atención social de la isla y ha remarcado que esta situación afecta “especialmente” a los servicios destinados a los menores tutelados.
La portavoz, Elena López, y el conseller Víctor Torres han advertido en un comunicado que la administración insular “no está ejerciendo su responsabilidad” en estos servicios y han reclamado una revisión de ratios, más recursos económicos, personal y más medidas de seguridad y apoyo.
López ha señalado que el debate sobre la falta de recursos se ha intensificado por el “terrible asesinato” de una educadora social en Extremadura y ha añadido que, aunque los menores de Ibiza con medidas judiciales son trasladados a Mallorca, esto “no significa” que los centros de la isla “no necesiten más recursos y personal”.
Ha advertido que el PP “está privatizando” los servicios sociales del Consell Insular, “en manos de empresas en lugar de garantizar una gestión pública de calidad” y ha sentenciado que la institución «no está haciendo su trabajo: no se cubren las bajas, la falta de personal es constante y, como consecuencia, los servicios se están deteriorando”.
El grupo del PP ha replicado expresando su «absoluto asombro” por esta críticas “infundadas” y ha asegurado “por enésima vez”, que el principal problema de los centros es la “sobresaturación” por la llegada “indiscriminada” de menores inmigrantes no acompañados.
Al respecto, ha acusado de “absoluta inacción” al ministro Marlaska y al presidente Pedro Sánchez, “más preocupados por sus cambalaches parlamentarios” que por solucionar “ninguno de los problemas” que padece Ibiza y que son competencia del Gobierno.
Los populares han añadido que solo en 2024 el servicio de menores de Ibiza ha afrontado “más ingresos que en los cinco años anteriores”, con 166 en un único año frente a los 130 de los cinco anteriores.
También han destacado que el presupuesto es el mayor que “se ha destinado nunca” con la adopción de Unidades Verticales, con una inversión de 2,6 millones para “adaptar el entorno” de los menores tutelados al de una «familia normalizada», o los casi dos millones para atender a los menores inmigrantes no acompañados.
EFE
