El PSOE de Santa Eulària propone destinar las multas por alquiler ilegal a vivienda pública

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha solicitado a la alcaldesa, Carmen Ferrer, que «los ingresos recaudados por sanciones contra el alquiler turístico ilegal se destinen a la construcción de vivienda pública y al refuerzo de recursos para combatir esta práctica». Asimismo, reitera su demanda de «limitar los precios del alquiler en el municipio», explican desde la formación a través de un comunicado.

A través de una moción que presentará en el próximo pleno, el PSOE plantea que parte de la recaudación por sanciones en materia de vivienda se destine a mejorar la lucha contra el alquiler ilegal y que la mayor parte se utilice para adquirir suelo urbano con el fin de construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) a través del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).

Además, el pleno municipal debatirá nuevamente la solicitud del PSOE al Gobierno balear y al Ministerio de Vivienda para que Santa Eulària des Riu sea declarada «zona tensionada», lo que permitiría aplicar medidas para reducir los precios del alquiler residencial.

Los socialistas argumentan que Santa Eulària es el municipio «con el alquiler más caro de España» y que su precio de venta por metro cuadrado alcanza los 9.456 euros, con un aumento del 71% interanual, el más alto de Baleares. También destacan que más del 10% de los propietarios en el municipio poseen más de diez viviendas, muy por encima de la media nacional del 2,5%, lo que, según la normativa, los califica como grandes tenedores y los obligaría a ajustar los precios en caso de declararse zona tensionada.

El PSOE subraya que en Cataluña, donde esta medida ya se aplica en 140 municipios, el precio del alquiler ha descendido un 3,7% en esas zonas y un 6,4% en Barcelona.

Por último, desde la formación critican la «falta de actuación del gobierno municipal de Carmen Ferrer contra el alquiler ilegal durante la legislatura anterior y alertan de la reciente compra de un edificio con 16 viviendas por parte de un fondo de inversión, que ha provocado el desalojo de varias familias que llevaban años residiendo en el inmueble».