El problema de acceso a una vivienda digna vuelve a evidenciarse en Ibiza. Esta mañana, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado el desmantelamiento del asentamiento ilegal de Can Rova 2, ubicado en una finca rústica privada de es Puig d’en Valls, donde residían alrededor de 200 personas, 90 familias.
El operativo ha contado con una amplia movilización de efectivos y técnicos, y ha sido autorizado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Palma, a raíz de informes municipales que alertaban de «riesgos para la seguridad, la salubridad pública y el entorno natural«. Así lo ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, a través de una rueda de prensa ofrecida desde el puesto de mando, ubicado en colaboración con Aqualia, en la que compareció junto al subinspector jefe de la Policía Local, Félix Julio Valverde, y la jefa del Departamento de Bienestar Social, Lali Guasch.
Roselló explicó que la intervención se ha llevado a cabo tras la «emisión de un auto judicial, motivado por los riesgos detectados en los informes técnicos municipales, relacionados con la seguridad, la salubridad y la protección de infraestructuras públicas». Entre ellos, destacan las «instalaciones eléctricas inestables, la presencia de bombonas de butano, la acumulación de residuos y la colocación de una valla sobre una tubería principal que abastece de agua potable a la ciudad de Ibiza«, relató.
“Hemos informado al juzgado de que existía riesgo de incendio, electrocución, contaminación del agua, y además recibimos un aviso de que la valla se había instalado sobre la tubería principal que abastece a la ciudad. La jueza consideró que había que actuar de inmediato”, declaró Roselló.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el entorno presentaba también riesgos derivados de la acumulación de matorrales y residuos, que podrían propiciar incendios, y se encuentra próximo a una zona forestal de alto valor ecológico, catalogada como ZEC ES5310034 – Serra Grossa.
Miércoles por la mañana
El desalojo comenzó a las 9:00 horas, informan desde el Consistorio —a pesar de que los medios fueron convocados a las 9.30 horas— con la desconexión de la red eléctrica, a cargo de un ingeniero municipal y un electricista. A continuación, agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional informaron a los residentes de que disponían de plazo hasta las 15:00 horas para recoger sus pertenencias. El cierre total del asentamiento está previsto a las 20:00 horas, momento en que se procederá a asegurar el recinto para evitar nuevas ocupaciones o posibles robos en la finca.
El dispositivo ha estado dirigido por la Policía Local, con el apoyo de 59 efectivos de la Guardia Civil (GRS, USECIC, Seprona y Tráfico), 5 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, personal sanitario y de emergencias, detallaron desde el Ayuntamiento. También han intervenido técnicos de Medio Ambiente encargados de retirar depósitos de combustible para generadores eléctricos. Para estas tareas se movilizaron dos camiones, cinco operarios y un equipo especializado en la recogida de animales domésticos.
Durante el operativo, que se está llevando a cabo sin altercados, de momento, y de forma pacífica, dos trabajadoras sociales accedieron al asentamiento junto con efectivos policiales para realizar un «primer cribado de vulnerabilidad«, explican, centrado en menores, personas con discapacidad y otros colectivos con necesidades específicas. El Ayuntamiento ha informado de que se ha colocado un punto de atención en las oficinas municipales de es Puig d’en Valls, activo durante toda la jornada, con 10 profesionales del área de Bienestar Social.
Según el consistorio, las personas identificadas como vulnerables pueden acceder a alojamientos temporales —hostales, pisos concertados— o, si es necesario, «a recursos como el centro Nazaret de Cáritas o el centro de baja exigencia de Sa Joveria, en función de la disponibilidad y la evaluación técnica».
“Hemos previsto plazas en pisos o apartamentos concertados para atender hasta 200 personas. Las familias vulnerables serán derivadas a los servicios sociales para su valoración. Las que tengan ingresos y recursos deberán buscar una alternativa habitacional por su cuenta”, indicó el Concejal de Seguridad Ciudadana, quién informó de que, «hasta el momento, ninguna de las personas desalojadas ha solicitado formalmente ayuda«.
Estafas, empleo precario y hogares improvisados
A pocos metros del operativo, entre maletas, bolsas de basura, enseres y juguetes, varios afectados intentaban salvar lo indispensable: ropa de trabajo, documentos, utensilios básicos. Muchos criticaban no haber sido avisados con antelación suficiente para buscar un lugar donde pasar la noche.
Alejandro, uno de los residentes, explicó que lleva dos meses viviendo en el asentamiento. Asegura que casi todos los que residen allí tienen trabajo, pero no pueden asumir el precios de los alquileres que hay en Ibiza. «Estaba trabajando cuando vinieron. Si nos hubieran avisado, habríamos buscado algún lugar donde irnos», lamentó indignado.
Cerca, una mujer paraguaya que vive con su hijo, trabajadores ambos—ella cuida a una persona mayor en una residencia y él es pintor— relató a Noudiari que llevaban tan solo 22 días viviendo en el asentamiento. Antes vivían en una habitación en Santa Eulària, pero los precios se volvieron insostenibles. Mientras cargaban sus pertenencias, se disponían a pasar unos días en casa de una amiga y, después, si no encontraban nada que pudieran pagar, se plantearían incluso la opción de «volver a su país», del que salieron en «busca de un futuro mejor». «La situación no está siendo la que esperábamos. No nos gusta vivir así, pero no tenemos otra opción», lamentó.
Otro afectado, recién llegado desde Valencia tras haber sido víctima de la DANA, explicó que, nada más llegar a Ibiza, fue estafado con una falsa oferta de alquiler por la que perdió 2.000 euros. Él y su esposa se quedaron sin alojamiento y fueron acogidos en el asentamiento:
“Vine a trabajar, me ofrecieron un piso, y un tipo me estafó. Me quedé sin nada. Ahora empezábamos otra vez desde cero. Hoy nos levantamos y estaba todo lleno de policía. Nadie nos dijo nada. No tenemos adónde ir”, relató el hombre.
La mayoría de quienes habitaban Can Rova 2 cuentan situaciones similares: empleo precario (algunos), alquileres inaccesibles, estafas inmobiliarias y falta de alternativas. Aunque el Ayuntamiento asegura haber desplegado medios sociales, varios de los entrevistados afirmaban no haber sido informados sobre las ayudas disponibles, y no saber dónde acudir.
Yo lo que sé es que en Eivissa SOBRA gente y que estos de can Rova no hay ni un solo trabajador cualificado. Es gente que viene a trapichear o trabajar en negro…y lo peor es que algunos utilizan hasta sus hijos etc para evitar desalojos. O se frena ya esto y la entrada de gente sin vivienda ni trabajo o los residentes ibicencos nos vamos a acabar marchando.
Exactamente. Estos son personas sin oficio ni beneficio, y con lo de los niños anda que no se aprovechan.