Después de un largo y complejo proceso administrativo, Mónica Costa ha conseguido finalmente la cédula de habitabilidad para su vivienda, otorgada por el Ayuntamiento de Sant Antoni. Se trata de un hito importante tras meses de incertidumbre, obstáculos burocráticos y una situación límite vivida, sin acceso a servicios básicos como el agua corriente y la luz teniendo a su cargo, además, a una hija de menor de edad.
La afectada recuerda que ella y su hija han vivido hasta ahora sin nevera ni lavadora, iluminando la casa con farolillos recargables y aseándose con agua de garrafas del pozo de Sant Rafel. Subraya que han pasado un año, tres meses y 20 días entre el primer certificado emitido por el Ayuntamiento —que resultó no ser válido— y el segundo, que sí le permitió seguir adelante con la tramitación. “Dijeron que no, y ahora la tengo”, apunta con firmeza, señalando lo que considera un cambio relevante que merece hacerse público.
Aunque la obtención de la cédula marca el cierre de una etapa, abre también la puerta a una nueva fase: la solicitud de responsabilidad patrimonial al consistorio, por los perjuicios sufridos durante todo este tiempo. Costa estima el daño en cerca de 60.000 euros y tiene ya preparado el escrito de reclamación, que incluye ocho páginas y 52 documentos anexos. Su presentación está prevista para la próxima semana, junto con una queja formal ante el Defensor del Pueblo.
A la espera del último trámite con la empresa Facsa para el alta del agua, Mónica Costa valora esta victoria como un paso indispensable para recuperar la normalidad y dejar atrás meses de lucha y vulnerabilidad.
Separada y con una hija menor de edad a su cargo, Mónica Costa Losa, auxiliar administrativo, buscaba una vivienda asequible donde vivir en la isla, pero se encontró con una auténtica pesadilla tras comprar un bajo en Sant Antoni que el Ayuntamiento consideraba un local, pese a contar con escrituras, registro de propiedad y recibos municipales que acreditaban su uso como vivienda. A raíz de este conflicto, fue privada de suministros básicos y tuvo que recurrir a soluciones precarias junto a su hija.
En marzo y tras una larga lucha consiguió por fin que el Ayuntamiento firmara todos los documentos necesarios para tramitar la cédula de habitabilidad, un paso imprescindible para poder acceder a los suministros de agua y luz en su vivienda, donde residía sin estos servicios desde finales de enero.
El caso llegó incluso al pleno municipal de Sant Antoni, impulsado por una moción de la portavoz de Vox, Esther Fernández Van Sloun, que aunque fue rechazada por cuestiones de forma, sirvió para visibilizar la situación. Costa Losa agradeció el apoyo recibido por la edil, que también la asesoró en sus últimos pasos.
Anteriormente, la afectada presentó una demanda por estafa contra el vendedor, pero el juez la desestimó y confirmó que el inmueble estaba registrado como vivienda, responsabilizando del conflicto a un error catastral. Además, fue condenada a pagar las costas del proceso judicial.
Pese a los obstáculos, en marzo se abría por fin una vía de solución que ha tenido este mes de mayo un final feliz para la afectada.
