Cientos de familias del municipio de Ibiza se han quedado sin plaza en las escuelas de verano municipales, según han denunciado este domingo desde el PSOE. La formación critica que la regidora de Educación, Catiana Fuster, y el equipo de gobierno liderado por Rafael Triguero, no hayan previsto una oferta suficiente para cubrir la elevada demanda, lo que ha generado “preocupación e incertidumbre” entre muchas familias trabajadoras.
Según informan desde el PSOE, hoy se están notificando los resultados de las inscripciones, y aunque las matrículas aún no están formalizadas, muchas familias han comprobado que sus hijos no han sido admitidos y han quedado en lista de espera. “Esto es consecuencia directa de la falta de planificación y de una gestión opaca en la asignación de plazas”, afirman.
Desde la formación socialista advierten de que, pese a contar con importantes subvenciones estatales, el equipo de gobierno no ha sido capaz de ofrecer suficientes alternativas públicas para cubrir las necesidades de la ciudadanía. “El problema se agrava porque las escuelas privadas ya han cerrado sus periodos de matriculación, dejando a muchas familias sin opciones”, lamentan.
El PSOE también denuncia la falta de información sobre el número de plazas disponibles en cada centro municipal, lo que, según aseguran, ha provocado que las familias se inscribieran sin saber si había posibilidades reales de acceso. “Ahora, tras la primera selección, reina la confusión y el descontento entre las personas afectadas”, añaden.
Ante esta situación, el grupo municipal socialista exige al Ayuntamiento que incremente la oferta de plazas, mejore la transparencia en la gestión de las inscripciones y planifique con mayor antelación para garantizar un servicio adecuado en próximas ediciones.
Desde el PSOE recuerdan además que ya hace dos semanas alertaron de que la regidora Fuster había reducido el número de plazas públicas y había retrasado el periodo de matriculación sin informar debidamente a las familias. Aseguran que, aunque esta actuación pueda ser legal, consideran que “no es ética ni compatible con su actividad privada en el sector”.
En este sentido, manifiestan su preocupación por lo que califican como un posible conflicto de intereses, ya que Fuster gestiona a través de sus empresas buena parte de la oferta privada de tiempo libre y educación infantil durante el verano en la ciudad. “Mientras recorta la oferta pública, se refuerza el sector privado que ella misma lidera, lo que siembra dudas sobre su imparcialidad en la gestión de recursos públicos”, concluyen.
