El Ayuntamiento de Santa Eulària ha pedido el amparo ante el Defensor del Pueblo ante la “grave situación” generada por la proliferación del asentamiento ilegal conocido como Can Rova II, en el barrio de Can Negre.
El consistorio ha presentado una queja formal por la “pasividad” mostrada por la Administración General del Estado (AGE) y por los órganos judiciales competentes para hacer frente a “esta problemática”, ha informado este jueves la entidad en un comunicado.
En su escrito, relata además las diligencias llevadas a cabo desde agosto de 2024 con “múltiples actuaciones” administrativas y judiciales para “frenar la consolidación” de un núcleo de infraviviendas en suelo rústico protegido, que presenta “evidentes riesgos” para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la isla.
También ha remarcado que no son las condiciones óptimas en las que deben vivir los menores de edad y que “no debe legitimarse” como una forma de vida digna.
El gobierno local ha recordado que el desalojo que se inició el 9 de abril fue paralizado por orden judicial “agravando el riesgo para las personas y bienes afectados” y para los vecinos del poblado.
Ha reiterado además en “múltiples ocasiones” la necesidad urgente de actuación coordinada entre las diferentes administraciones competentes, sin lograr una “respuesta efectiva” por parte la dirección insular del Estado ni del órgano judicial competente.
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la denuncia contra el Ayuntamiento de Santa Eulària que interpuso el senador Juanjo Ferrer por “desatención” a los menores que viven en el asentamiento.
Ferrer aseguró en su escrito que el Consistorio “no puso en marcha ninguna medida eficaz de apoyo residencial, social o económico, dejando estas familias en una situación límite”.
EFE
