El senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha instado al Partido Popular a abandonar las políticas de «construcción libre» y a sumarse a un Pacto Estatal por la Vivienda, advirtiendo de que estas medidas «no están funcionando» en municipios turísticos como los de las Pitiusas.
Ferrer ha puesto como ejemplo el caso de Sant Antoni de Portmany, que en 2024 ha concentrado casi la mitad de todas las licencias municipales para edificios plurifamiliares de las Islas Baleares, según el Colegio Oficial de Arquitectos. A pesar del auge constructivo, los precios de la vivienda se han disparado un 21% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del portal Fotocasa.
“La fórmula de ‘más construcción, más oferta y menos precio’ no funciona en zonas tensionadas por la presión turística”, ha afirmado Ferrer, quien critica que las políticas actuales del PP “excluyen a jóvenes, familias vulnerables y personas mayores”.
El senador también ha señalado como causa principal de la crisis de acceso a la vivienda la entrada masiva de fondos de inversión («fondos buitre»), atraídos por la rentabilidad del alquiler turístico. Ha denunciado la falta de control sobre esta actividad, especialmente en edificios plurifamiliares, donde este tipo de alquiler está prohibido en Ibiza pero sigue proliferando.
Asimismo, ha alertado sobre la compra de segundas residencias por parte de no residentes, lo que —según Ferrer— empuja la nueva construcción hacia el mercado de lujo y expulsa del mercado a la población local.
Durante su intervención en el Senado, y en presencia del conseller balear de Vivienda, Ferrer ha criticado la ineficacia del programa autonómico de «Lloguer Segur», que, según ha señalado, “ha dado como resultado una oferta de cero viviendas en las Pitiusas”.
También ha cuestionado la medida del PP para transformar locales comerciales en viviendas y ha advertido de que la nueva propuesta de recalificar suelo rústico en áreas de transición está “abocada al fracaso”, ya que «continúa fomentando la construcción libre sin resolver el problema estructural de acceso a la vivienda«.
Como alternativa, Ferrer ha defendido medidas como el topado de precios del alquiler, la limitación de la compraventa a no residentes y el fomento de cooperativas de vivienda como vías más eficaces para garantizar el derecho a una vivienda digna para la población local.
