El Consell Insular de Formentera, a través de las consellerias de Patrimonio y Urbanismo, ha ordenado la paralización inmediata de unas obras no autorizadas que se estaban llevando a cabo dentro del recinto protegido de la antigua Colonia Penitenciaria, también conocida como “es Campament”, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Tras una inspección realizada el pasado 13 de junio por los Servicios de Inspección a instancia del área de Patrimonio Cultural, se detectaron movimientos de tierra destinados a la plantación de olivos, así como la construcción de una piscina y pérgolas, todo ello sin las correspondientes autorizaciones ni el preceptivo control arqueológico.
El enclave, protegido desde 2014 con la máxima categoría que otorga la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de las Illes Balears, está catalogado no solo como BIC en la categoría de lugar histórico, sino también como yacimiento arqueológico con grado de protección A dentro del Catálogo del Patrimonio Cultural de Formentera. Por tanto, cualquier intervención en la zona requiere una autorización expresa y la supervisión arqueológica pertinente.
Los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Consell califican las actuaciones como una infracción muy grave, al considerar que podrían haber causado la destrucción de elementos patrimoniales de gran valor y suponen un incumplimiento del deber legal de conservación.
Ante estos hechos, el Consell ha incoado un expediente para restituir la legalidad urbanística y restaurar el entorno afectado, además de advertir que se iniciará un procedimiento sancionador contra los presuntos responsables, incluyendo la propiedad de la finca, la promotora de las obras y la empresa constructora.
Desde el Consell se recuerda que, en ausencia de un plan especial de protección, cualquier actuación dentro de esta área debe ser aprobada previamente por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.
Con esta acción, el Consell Insular de Formentera reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio histórico y cultural de la isla, aplicando de forma rigurosa las herramientas legales frente a las infracciones urbanísticas en zonas protegidas.
