El Consell Insular de Formentera ha celebrado la aprobación por parte del Consell de Govern de les Illes Balears de una subvención extraordinaria de 4,1 millones de euros destinada al Área de Bienestar Social de la isla. La dotación permitirá garantizar la atención a familias vulnerables, menores en riesgo y colectivos con necesidades especiales, cuya continuidad estaba en entredicho por la grave situación presupuestaria.
El presidente del Consell, Óscar Portas, ha calificado la ayuda como “una respuesta urgente y necesaria que permitirá consolidar la estructura asistencial y atender con dignidad las crecientes demandas sociales de la isla”
El presupuesto inicial para 2025 del área era de 906.000 euros, pero ya a 30 de junio, la ejecución del gasto había superado el millón de euros, provocando un desequilibrio presupuestario crítico que ponía en riesgo la prestación de servicios esenciales. “Esta dotación nos permite respirar, planificar y seguir protegiendo el derecho a una vida digna sin poner en peligro la administración insular”, declaró Portas.
El gobierno balear ha reconocido con esta medida la singularidad de Formentera, que afronta dificultades estructurales para dar respuesta a las necesidades sociales con recursos limitados y gran dispersión territorial.
Además, se ha aprobado la firma de un convenio específico entre el Consell de Formentera y la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que permitirá aplicar un sistema de justificación de subvenciones adaptado, reforzando la transparencia y la colaboración institucional.
Llamamiento al Gobierno central ante una situación insostenible
Portas ha aprovechado la ocasión para agradecer la sensibilidad del Govern balear y el esfuerzo de los equipos técnicos de Bienestar Social, que han logrado mantener los servicios pese a la presión financiera.
No obstante, el presidente insular ha subrayado que ahora es el Gobierno de España quien debe actuar con rapidez y proporcionalidad ante otras situaciones críticas que vive Formentera, como la gestión de embarcaciones abandonadas y la llegada constante de pateras.
“La isla no puede afrontar sola el coste de políticas de ámbito estatal. Es imprescindible una dotación de personal estable, coordinación con las fuerzas de seguridad y una línea específica de apoyo para la retirada de embarcaciones en nuestras costas”, reclamó.
El Consell insiste en la necesidad de avanzar hacia una corresponsabilidad institucional real, con especial atención al impacto ambiental, logístico y social que enfrenta el territorio insular más pequeño del archipiélago.
