Sergio Lleó fue la primera persona que denunció públicamente —dando la cara ante los medios y también a través de redes sociales— al sacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias por haber sufrido presuntos abusos sexuales por su parte en la parroquia del Rosario de Ibiza durante los años 90. Esta persona, que ha atravesado procesos delicados a nivel emocional y psicológico, se ha sentido señalada y muy sola en todo este proceso.
Ahora, tras conocer la sentencia por otros dos casos denunciados contra el mismo sacerdote y que sí han podido prosperar por no haber prescrito —los cometió en la iglesia de San Pablo en los años 2000— ha reaccionado con «decepción» a su contenido porque considera que la pena se queda «muy corta» y, además, «no va a suponer el ingreso en prisión del sacerdote».
“¿Qué quieres que te diga? Una condena de tres años y medio, que supera el umbral para entrar en prisión, pero que finalmente no ingresará y una indemnización de 20.000 euros… Me parece incoherente, una vergüenza para el Ministerio de Justicia, al menos en Ibiza”, señala Lleó. “No hay nadie que, con más de dos años y un día de condena, no entre en prisión. Esto es una imagen feísima tanto para la isla como para el sistema judicial”, valora.
Lleó no fue parte en este juicio porque su caso, ocurrido cuando tenía 10 años y era monaguillo, está prescrito, aunque su testimonio fue clave para que se iniciara una investigación interna por parte del Arzobispado de Valencia —del que depende la Diócesis de Ibiza— en 2021, tras publicar su denuncia en redes sociales. A partir de ahí, otras presuntas víctimas comenzaron a hablar.
Él relató que un día, siendo monaguillo en el Rosario, subió a la casa del cura para advertirle de que no estaban las cosas de misa preparadas para el oficio: “Me dijo que no me preocupara y que me sentara en el sofá. Me puso la mano encima de su pene, luego la quitó y la volvió a poner otras dos veces. Me fui corriendo y no volví más”. Era 1996. Un día, muchos años más tarde, cuando se encontró de frente con el cura en la iglesia de Santa Cruz le volvieron los recuerdos y después supo de más personas afectadas.
“Me han tratado de loco y mentiroso. Y ahora, cuando se confirma judicialmente que abusó de menores, ni siquiera hay claridad sobre si habrá compensación para los que como yo estamos fuera del proceso judicial por prescripción. Todo está parado”, lamenta.
Indemnizaciones: todavía inciertas para las víctimas con delitos prescritos
La falta de información sobre las posibles indemnizaciones a las víctimas cuyos casos han prescrito es otro de los puntos que indigna a Lleó. “La Iglesia debería hacerse cargo. Y si no lo hace, ¿qué pasa con el plan del Estado? ¿Dónde están esas ayudas? Nadie responde”.
Actualmente, la Conferencia Episcopal Española (CEE) establece que si hay sentencia judicial, el pago debe correr a cargo del agresor o, en su defecto, de la diócesis correspondiente. Si esta no puede asumirlo, la Iglesia se compromete a pagar a través de su estructura general. Hay, en este sentido, un Plan de Reparación Integral (PRIVA), que admitiría compensaciones económicas a víctimas incluso sin sentencia judicial y siempre que haya indicios y convicción de que ese abuso tuvo lugar.
Las cifras de las que se ha hablado oscilan entre 5.000 y 15.000 euros y, en algunos casos, los acuerdos van acompañados de cláusulas de confidencialidad que han generado mucha controversia ya que suponen que las víctimas no podrían hablar públicamente de sus casos, cuando el objetivo final de todo este movimiento es esclarecer y sacar a la luz la realidad y la verdadera dimensión del problema.
El Gobierno español aprobó en 2024 un plan de indemnización de víctimas de abusos prescritos, en la línea de lo que recomienda el Defensor del Pueblo, institución que hizo un importante informe en el que recopiló casos reconocidos e investigados en la Iglesia. El Congreso debate ahora cómo articular un fondo mixto entre Iglesia y Estado, pero este tema no está cerrado ni mucho menos.
“Si no lo hubiera reconocido, me habría denunciado por calumnias”
Lleó también ha subrayado que De Souza no ha emprendido acciones legales contra él por acusaciones públicas que el propio religioso ha acabado reconociendo ante el tribunal pero relacionadas con otros casos, no el suyo: “Subí su cara a redes acusándolo de depredador sexual de menores. Si no fuera cierto, me habría denunciado por calumnias”, afirma.
A pesar de todo, lamenta el silencio institucional: “A los casos prescritos, dicen que paga el Estado. A los no prescritos, la Iglesia. Pero en la práctica, nadie se responsabiliza, nadie te llama, nadie te explica. Seguimos esperando”.
Para Sergio Lleó, que su denuncia motivara la primera investigación oficial en Ibiza por parte de la iglesia es un paso importante, pero insuficiente. “Que se haya conseguido una condena es algo. Pero que se sustituya la prisión por dinero, que no se reconozca a las víctimas que no entraron en el juicio, y que no haya justicia reparadora real, es una derrota más. Seguimos luchando contra el silencio”.
