A pesar de las investigaciones abiertas por el Consell Insular de Ibiza y las múltiples denuncias vecinales acumuladas durante los últimos cinco años, los clientes de la conocida villa turística de la calle des Pou, en la zona de Can Burgos (Sant Jordi, en el municipio ibicenco de Sant Josep), han vuelto a generar nuevas molestias en el vecindario en al menos dos ocasiones recientes.
La última tuvo lugar este viernes pasado, cuando los vecinos se vieron obligados a soportar ruido y música a gran volumen desde las tres de la tarde, debido a una fiesta celebrada en el interior de la vivienda. Según relatan, el evento no finalizó hasta la intervención de la Policía Local de Sant Josep, que acudió al lugar y puso fin a la celebración poco antes de las once de la noche.
Los residentes han expresado su satisfacción por la actuación policial, destacando que en ocasiones anteriores sus llamadas no habían obtenido respuesta, lo que les había generado una creciente sensación de abandono. Sin embargo, también subrayan que “llueve sobre mojado” y que están hartos de tener que aguantar este tipo de situaciones en una zona residencial que siempre había sido tranquila, hasta que esta vivienda comenzó a alquilarse a turistas.
Esta nueva situación se suma al largo historial de conflictos documentados por los residentes de la zona, que llevan desde 2020 denunciando fiestas ilegales, allanamientos de morada, destrozos, amenazas, basura arrojada en propiedades colindantes y un constante incumplimiento de las normativas de convivencia.
A pesar de ello, la vivienda logró inscribirse como estancia turística vacacional (ETV) en 2024 (número de registro ETV‑2614E), algo que los vecinos no comprenden dada la magnitud de las molestias acumuladas. De hecho, el Consell de Ibiza mantiene abiertas varias diligencias administrativas por posibles irregularidades tanto en el uso del inmueble como en la forma en que ha sido promocionado -en ocasiones, para alojar hasta 25 personas, pese a estar autorizada para solo 8 plazas-.
En septiembre de 2024, una inspección oficial detectó discrepancias entre la licencia turística y el uso real del inmueble, lo que podría conllevar multas de hasta 40.000 euros y la suspensión de la actividad turística, según la Ley del Turismo de las Illes Balears.
Tras este nuevo episodio, los vecinos insisten en que se revoque de forma definitiva la autorización turística, se clausure la villa de forma cautelar mientras dure el procedimiento sancionador y se intensifique la coordinación institucional para impedir que vuelva a operar bajo otra identidad.
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Ánimo a los vecinos y sigue con las denuncias Está zona está lleno de alquileres y gente que estén aqui para festejar y les importa un pepino a los residentes ..Los dueños como muchos alquileres cobrando una fortuna .y no tiene que aguantar el ruido .Tmbn les da igual ..Los euros acumulando en sus bolsillos..
Embargo de la propiedad y subasta y a cascarla
Me parece muy acertada la opinión de «yo misma» comparto el comentario, a la p…..calle todos los dueños de casa que hacen mal vivir a sus vecinos…véase Paquita de Casas Lola.