Los presidentes de los Consells Insulars de Ibiza y Formentera, Vicent Marí y Óscar Portas, respectivamente, han expresado su profunda preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesan ambas islas debido a la llegada masiva de menores migrantes no acompañados. En una reunión con la presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, y los presidentes de los cuatro consells insulars, han reclamado una respuesta contundente por parte del Estado y la colaboración europea para hacer frente a esta situación.
Vicent Marí ha calificado la situación en Ibiza como «límite, incluso desesperada», destacando que el sistema de protección de menores está saturado y sin capacidad para responder al constante aumento de llegadas en pateras.
En los últimos meses han llegado 46 menores no acompañados y actualmente se atienden a 78, lo que representa más de la mitad del total de 140 menores acogidos en la isla. A pesar de haber destinado cerca de 3 millones de euros y habilitado nuevos espacios en centros de menores, la presión ha provocado el agotamiento de los equipos educativos y técnicos.
Por su parte, Óscar Portas ha subrayado la «insostenible a largo plazo» situación en Formentera, la isla más pequeña y frágil del archipiélago, que tutela actualmente a 137 menores migrantes, de los cuales unos veinte se encuentran físicamente en la isla.
Además, ha alertado de la crisis ambiental derivada de la acumulación de embarcaciones pateras, con 97 almacenadas en el área de residuos des Cap y otras 19 en la costa, muchas de ellas en mal estado y sin posibilidad de ser retiradas con los medios actuales.
Portas ha lamentado la ausencia de representantes del Estado en la reunión, así como la falta de servicios esenciales, como la primera asistencia a los migrantes a cargo de Cruz Roja o la inexistencia de Salvamento Marítimo en Formentera. En su lugar, son agentes de la Policía Local y brigadas del Consell quienes deben proporcionar atención básica y agua.
Ambos presidentes han apoyado la estrategia acordada por las instituciones baleares, que incluye recurrir el Real Decreto que regula la acogida de menores, la movilización de la agencia europea Frontex para frenar la ruta migratoria balear, y la exigencia de mayor implicación estatal, especialmente en acciones en origen con países como Argelia, principal punto de salida de las pateras.
Finalmente, Marí y Portas han insistido en que la crisis migratoria en las Pitiusas no puede ser afrontada unilateralmente por los consells insulars y que es imprescindible un compromiso firme y recursos por parte del Gobierno central y la Unión Europea para garantizar una gestión digna y sostenible de la acogida.