El Govern balear presentará «de manera inmediata» un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno central que regula la situación de contingencia migratoria para proteger a menores migrantes no acompañados, al considerar que su aplicación es opaca y arbitraria.
Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde se ha autorizado a la Abogacía de la comunidad autónoma a interponer el recurso. Se trata del segundo recurso que presenta Baleares en relación con la crisis migratoria, tras el ya anunciado ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería.
Según Estarellas, el objetivo del recurso es que el Gobierno «recapacite» y no envíe más menores migrantes no acompañados a las islas que los que ya llegan por vía marítima.
“No podemos seguir acogiendo más menores porque los consells insulars están colapsados”, ha afirmado el portavoz del Govern, Antoni Costa.
Actualmente, según datos del Ejecutivo autonómico, en Baleares hay 72 plazas de acogida de menores autorizadas, aunque, de acuerdo con el criterio poblacional del Estado, deberían ser 406. Sin embargo, los consells insulares atienden actualmente a 682 menores, lo que desborda de forma crítica la capacidad del sistema.
Costa ha denunciado que, pese a esta sobrecarga, “al Gobierno de Sánchez esto le parece insuficiente y considera que no debe actuar hasta que Baleares atienda a 1.218 menores”.
El Govern balear alega que el decreto vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidades autónomas, ya que algunas regiones quedan excluidas del reparto. También critica la arbitrariedad en la distribución de menores migrantes y alerta de que la norma afecta gravemente a la autonomía financiera de Baleares, poniendo en riesgo el sistema de protección de menores.
“Este reparto pone en peligro los recursos públicos destinados a la protección de la infancia y la gestión de los servicios sociales”, ha subrayado Estarellas, quien también ostenta la coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.
Desde el Ejecutivo balear se insiste en que este nuevo decreto no respeta ni la realidad territorial ni la capacidad efectiva de acogida de las islas, y exige una revisión del modelo de reparto estatal de menores no acompañados.
EFE / Redacción
