El Consejo de ministros ha aprobado hoy la declaración de emergencia migratoria en Baleares, en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a estas costas a lo largo de 2025 y la necesidad de reforzar la atención humanitaria hacia estas personas.
La declaración, que promueve el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye distintas actuaciones, entre las que se encuentran la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y atención adecuados, servicios de traducción e interpretación, atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia o atención a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad. Para tal fin, incorpora una inversión de 6,75 millones de euros.
Tras la tendencia observada el pasado año y la situación geopolítica en el Mediterráneo Occidental, el Ministerio de Migraciones puso en marcha, a partir del primer trimestre de 2025, un seguimiento diario y pormenorizado de las personas migrantes que acceden al archipiélago a través de sus costas, con el objetivo de anticiparse a posibles dificultades en la absorción de llegadas masivas.
Según asegura la delegación del Gobierno de Baleares en una nota de prensa, desde este pasado mes de agosto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya las primeras actuaciones asociadas a un plan de infraestructuras que contempla la puesta en marcha de dispositivos de acogida transitoria de emergencia, lo que se ha traducido en el inicio de la instalación de unos módulos prefabricados en los puertos de Ibiza y La Savina que ejercerán como centros de atención temporal a las personas migrantes recién llegadas.
Estas instalaciones, dotadas de servicios de seguridad, higiene y climatización, contemplan también espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores.
En este programa también se atenderán “las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, que llegan a las costas españolas” y tiene como objetivo “garantizar los derechos fundamentales y asegurar el respeto a la dignidad de estas personas”.
