Un informe —elaborado por ThinkMa (Laboratorio de Transformación Sostenible) en colaboración con Business Fights Poverty, con el apoyo del Govern de les Illes Balears mediante fondos europeos NextGenerationEU— basado en más de 1.000 encuestas a residentes y 20 entrevistas con expertos del sector público, privado y académico, ofrece una radiografía inédita del problema de la vivienda en Ibiza y, sobre todo, una hoja de ruta con soluciones, en principio, realistas y adaptadas a la realidad local.
Este estudio, a pesar de la dureza con la que describe la realidad actual, indica que no es tarde para revertir la emergencia habitacional si activa recursos vacíos y apuesta por la colaboración entre instituciones, empresas y comunidad.
La premisa del informe la conocemos todos: encontrar una vivienda en Ibiza sin «contactos» fuera de los cauces de las plataformas, e incluso con esas referencias, se ha convertido en una misión casi imposible. Los alquileres se llevan por delante entre el 30% y el 50% de los ingresos, por lo que hay trabajadores temporales que han dejado de venir a Ibiza, o lo hacen viviendo en condiciones precarias, al mismo tiempo que los jóvenes que retrasan su emancipación y hay familias y particulares que se ven obligadas a abandonar la isla, incluso aunque siguen teletrabajando para empresas isleñas desde la península.
Según este estudio, titulado “Reimaginamos la vivienda en Ibiza: Soluciones para la comunidad local a través de la colaboración intersectorial”, la crisis habitacional ya no es solo una cuestión social: empresas, colegios y hospitales también sufren para atraer y retener personal debido a los precios disparados del mercado inmobiliario.
Una crisis con múltiples caras
Lo que primero hace el informe es analizar la realidad actual: Alquileres inasumibles, con siete de cada diez residentes que destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda; viviendas vacías: con unas 18.000 propiedades permanecen cerradas o infrautilizadas; desplazamiento forzado: familias y trabajadores esenciales se ven obligados a mudarse fuera de la isla porque desisten de poder tener un plan de vida en la isla y fragmentación social: barrios orientados al turismo pierden identidad local y continuidad generacional.
“La vivienda ya no es solo un techo, es el eje que sostiene la dignidad, la identidad y las oportunidades de Ibiza”, afirma el el documento.
Soluciones colaborativas: activar lo que ya existe
El informe señala que la construcción no es la única vía, sino que se debe dar prioridad a la movilización del parque infrautilizado y a nuevos modelos de gestión:
Viviendas vacías en uso: incentivos fiscales y programas como Lloguer Segur para sacar al mercado inmuebles cerrados. Sin embargo, este programa de ‘Alquiler seguro’ no ha sacado al mercado más que un par de viviendas en toda la isla con lo que urge replantearlo.
Rehabilitación con cambio de uso: reconvertir hoteles en desuso, locales comerciales y edificios vacíos en viviendas de larga duración.
Suelo público para vivienda esencial: reservar parcelas municipales y de la comunidad autónoma para docentes, sanitarios y policías.
Modelos comunitarios: cooperativas y Community Land Trusts (CLT), es decir, un Fideicomiso Comunitario de Tierras que es un modelo de gestión colectiva de la propiedad privada de origen norteamericano que ha demostrado ser efectivo para generar y mantener asequible la vivienda en distintas partes del mundo, que permiten reducir un 30-40% los costes y asegurar la asequibilidad permanente.
El papel de las empresas: de competir por viviendas a crear nuevas
El sector privado es parte del problema… y también puede ser parte de la solución. El estudio destaca que más del 80% de las compras de vivienda en la isla las realizan no residentes, lo que dispara la especulación. Sin embargo, también subraya ejemplos de responsabilidad empresarial: como pagar salarios dignos acordes al coste real de la vida, facilitar coliving para personal de temporada sin desplazar a los residentes, invertir en rehabilitación y construcción modular y aportar capital social, donaciones de suelo o proyectos piloto en colaboración con ayuntamientos y ONG.
El sector público: de la precariedad a la planificación a largo plazo
Las administraciones tienen la llave para marcar las reglas del juego, según indica el estudio. Sus sugerencias son garantizar derechos básicos a quienes viven en asentamientos informales; ampliar programas de rehabilitación y mediación, aplicar impuestos a las viviendas vacías para reinvertir en alquiler asequible y priorizar la vivienda para residentes con escrituras limitadas e incentivos fiscales.
Una hoja de ruta clara: del corto al largo plazo
El estudio distingue acciones inmediatas (0-2 años) y otras de impacto a medio plazo (2-5 años). A corto plazo sugiere activar viviendas vacías, usar suelo público y facilitar licencias de doble uso, mientras que a medio plazo indica consolidar proyectos piloto de cooperativas y CLT, desarrollar un sistema de datos robusto y reforzar la capacidad del IBAVI.
Palabras clave para el futuro: asequible y resiliencia
La conclusión es clara: Ibiza no está condenada a la especulación. Si el sector público, privado y comunitario reman en la misma dirección, la isla puede recuperar la vivienda como un derecho y no como un lujo.
“Con ambición y colaboración, Ibiza podrá garantizar vivienda asequible y resiliente para sus residentes, y construir un futuro más justo y sostenible”, subraya el informe.
El estudio deja claro que la crisis de vivienda en Ibiza está «erosionando la dignidad, la identidad y las oportunidades». Sin embargo, existen soluciones. «Si Ibiza activa el parque infrautilizado, alinea las prácticas empresariales con las necesidades de la comunidad, permite que las instituciones públicas actúen de forma estratégica y apoya modelos de gestión comunitaria de la vivienda, podrá recuperar asequibilidad y resiliencia». El éxito exige acción coordinada, instituciones sólidas y priorizar a la población residente en las decisiones. «Con ambición y colaboración, la vivienda podrá ser no solo un refugio, sino la base de un futuro más justo, saludable y sostenible», añaden.
Equipo y personas entrevistadas:
El equipo responsable del informe, que se puede leer completo en este enlace, estuvo integrado por Sofía Ribas Bamber, de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible, y por Zahid Torres-Rahman, Yvette Torres-Rahman, Anna Olivia Spenner Hernández, la Dra. Stephanie Shankland y Folake Sowonoye, de Business Fights Poverty.
Además de 1.000 encuestas a personas residentes, se han hecho entrevistas a:
Antoni Riera, Impulsa Balear
Clara Muñoz Cirici, Fundació SALAS
Danny Hampson, 24/7 Prayer Ibiza
David Minguez, Boo Travels
Enrique Gómez Bastida, Consell d’Eivissa
Gustavo Gómez Bello, Cáritas Diocesana Ibiza
Iban Diaz Parra, Universidad de Sevilla
Iván Murray, Universitat de les Illes Balears
José Antonio Carbonell, Fiare Banca Etica
José Antonio Roselló, Confederación de Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB)
José Francisco Reynés, Govern de les Illes Balears
José Ramón Cardon, Universitat de les Illes Balears
Manuel Sendino, Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y
Formentera
Mariano Juan Colomar, Consell d’Eivissa
Mario Manjón Rosado, Provivienda
María Ángeles Marí Puig, Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i
Formentera (PIMEEF)
Melissa García-Lamarca, Lund University Centre for Sustainability
Studies
Pablo Cereijo, Visual Urb
Rylan Shewmaker, European Community Land Trust Network
Thomas Ubrich, Fundación FOESSA
Zenón Helguera, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Ibiza y
Formentera
Me parece genial. Pero no estaríamos en este lío, si, simplemente, el Estado hubiese hecho su obligación, con leyes que garantizasen lo que se recoge en el artículo 47 de la constitución:
Artículo 47
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Mucha corrupción política es lo que hay aquí. Ni más ni menos.