La reciente renovación de la flota de ambulancias programadas del Govern balear, presentada como una de las inversiones más ambiciosas del año en salud, se ha visto empañada por un grave problema: la mayoría de los técnicos en emergencias sanitarias no están capacitados para conducir los nuevos vehículos.
Según denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras, la flota incluye ambulancias que superan los 3.500 kilos de peso, lo que requiere el carné de conducir tipo C, del que solo disponen 7 de los 46 trabajadores en Ibiza, aproximadamente un 20% de la plantilla. Esto ha dejado paralizada gran parte de la flota desde su llegada a finales de septiembre, afectando específicamente a las ambulancias blancas destinadas al transporte sanitario programado, mientras que los vehículos de transporte urgente no se han visto afectados.
El problema no se limita al carnet de conducir: alrededor del 70% de las nuevas ambulancias carece de camilla, y muchas de las que sí disponen de rampas hidráulicas no pueden utilizarlas debido a las modificaciones necesarias para reducir su peso y permitir que puedan ser conducidas por el personal disponible. Estas adaptaciones incluyen la retirada de plataformas hidráulicas para sillas de ruedas, anclajes reforzados o suelos antideslizantes, lo que limita las mejoras ergonómicas que ofrecían los nuevos vehículos.
Desde CCOO critican que esta situación podría haberse evitado si se hubiera consultado a las organizaciones sindicales antes de la compra, lo que habría permitido prever las necesidades reales del servicio y del personal. Además, advierten que solo un 30% de las ambulancias dispondrá de camilla, lo que podría comprometer la cobertura del servicio en caso de averías o aumento de la demanda de pacientes que necesiten transporte en camilla.
El error ha provocado incluso la dimisión a marchas forzadas del responsable de la licitación, Daniel Llompart, aunque continúa en el cargo mientras se subsana el problema. Su sustituto podría ser Tomeu Tugores, con experiencia en el sector de ambulancias en la empresa privada.
Para solucionar la situación, el GSAIB ha optado por reducir el peso de los vehículos, y estudia fórmulas para que los técnicos puedan obtener el carné C1, incluyendo la posible canalización de la formación a través del SOIB. Sin embargo, la medida podría tardar en implementarse debido a la falta de examinadores en las islas.
El sindicato también reclama incentivos económicos para que los técnicos obtengan el carné profesional, como sucede en otras empresas públicas, dado que su obtención supone un coste cercano a los mil euros y requiere renovación cada cinco años.
La situación ha generado incertidumbre entre los trabajadores, especialmente los temporales, aunque el comité de empresa ha mediado para garantizar que no habrá despidos y que las ambulancias serán adaptadas antes de ponerse en servicio. CCOO exige soluciones urgentes y eficaces para garantizar tanto la calidad del servicio como unas condiciones laborales adecuadas para todo el personal.
