La Conselleria de Asuntos Sociales y Familias prevé reclamar entre 1,6 y 2,4 millones de euros a unos 4.000 beneficiarios de la Renta Social Garantizada (Resoga) de las Illes Balears correspondientes a la pasada legislatura.
De este total, ya se han revisado 900 expedientes, mientras que el resto sigue en proceso de verificación, según ha informado este lunes en rueda de prensa la consellera del área, Sandra Fernández, quien ha denunciado la «caótica gestión» y «falta de supervisión» de estas ayudas durante el mandato de Fina Santiago (Més per Mallorca) en la anterior legislatura.
Fernández ha explicado que la desviación en las ayudas se debe principalmente a que muchos beneficiarios presentaron declaraciones responsables incorrectas, lo que ha motivado que en la actual legislatura se revisen y, en algunos casos, se reclame el reintegro de las cuantías percibidas indebidamente.
Entre las irregularidades detectadas figuran que los titulares de estas ayudas no contaban con el Número de Identidad de Extranjero (NIE) e incluso residían fuera de las Illes Balears.
La Resoga de Baleares, aprobada en 2016, es una prestación económica periódica dirigida a personas o familias en situación de vulnerabilidad económica que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o han recibido una resolución denegatoria para esa ayuda.
«El anterior Govern del Pacte miró hacia otro lado frente a esta situación«, ha afirmado la consellera, quién ha denunciado además que otros 2.380 expedientes fueron suspendidos en la pasada legislatura sin que en ningún momento los afectados fueran notificados. En este caso, los cobros indebidos ascendieron a 211.000 euros.
La consellera ha anunciado que su departamento ha iniciado una reorganización del área encargada de gestionar la Resoga, con más personal y recursos, y que se está preparando una reforma legislativa para que la responsabilidad en la concesión de estas ayudas recaiga directamente en la Administración pública, para «ofrecer seguridad jurídica», y no en las declaraciones de los solicitantes.
Fernández ha dejado claro que la «voluntad política» de su departamento es «fortalecer» esta prestación porque es una «herramienta esencial» de inclusión y protección social de las personas en situación de vulnerabilidad».
La reforma de esta ayuda que ultima la conselleria tiene como objetivo que «llegue a quien realmente lo necesite», ha subrayado.
La conselleria también pondrá en marcha una campaña informativa dirigida a la ciudadanía para dar a conocer esta prestación a la población potencialmente beneficiaria, con información «clara y precisa, con todas las facilidades para que puedan solicitarla».
Además, el Govern ha pedido este lunes la comparecencia de la consellera en el Parlament balear para dar cuenta de la pasada y presente gestión de estas ayudas.
La intención de la conselleria, con la referida reforma parlamentaria, es que para solicitar esta ayuda se cuente con una residencia mínima en Baleares de tres años y no exigir la denegación previa del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
A día de hoy, para beneficiarse de esta ayuda se precisa el empadronamiento en Baleares y acreditar una residencia mínima de 12 meses previa a la solicitud.
El titular de la misma debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y haber agotado otras posibles ayudas como prestaciones por desempleo o pensiones públicas, y no haber renunciado a un empleo adecuado ni haber causado baja voluntaria en los tres meses anteriores a la solicitud.
EFE
