En los últimos meses, la sanidad española ha mostrado sus grietas más dolorosas. Las listas de espera se alargan como una sombra implacable, y los pacientes con patologías graves —cardíacas, oncológicas, traumatológicas o neurológicas— se enfrentan a retrasos que pueden cambiar para siempre su calidad de vida. Mientras tanto, los hospitales públicos, sobrecargados hasta el límite, luchan por mantener la atención con recursos insuficientes y una burocracia galopante que ralentiza cada decisión crítica.
El discurso oficial habla de colaboración público-privada, pero la realidad es otra: esta colaboración, tantas veces invocada, permanece ausente. Su ausencia tiene un precio tangible en pacientes que demoran diagnósticos y empeoran su estado, es decir, su vida. Muchos hospitales privados contamos con tecnología avanzada, quirófanos disponibles y equipos altamente cualificados capaces de asumir cargas críticas, pero los acuerdos formales con la Administración brillan por su ausencia. No se trata de competencia ni de ideología; se trata de responsabilidad y sentido común. La sanidad pública no puede dar la espalda a sus aliados cuando no logra absorber la demanda asistencial.
Algunos critican la colaboración público-privada por supuestos riesgos de mercantilización, pero la evidencia demuestra que, con regulación adecuada, es posible combinar eficiencia, eficacia y equidad. Los pacientes del sistema público pueden ser intervenidos en centros privados sin coste adicional, mientras el sistema reduce listas de espera y optimiza recursos. Esto no es un lujo: es una necesidad urgente. Años de promesas incumplidas, planes piloto que nunca se consolidan y protocolos eternamente “en desarrollo”, evidencian que la voluntad política, más que los recursos, es la verdadera barrera. Cada retraso erosiona la confianza de la población y genera sufrimiento evitable.
El pulso de la crisis se aprecia con claridad en lugares donde la presión asistencial convive con la limitación estructural. Citaré un ejemplo: Ibiza, una pequeña isla de 161.000 habitantes, que ofrece un microcosmos revelador y sumamente ilustrativo. En Baleares, la demora para una intervención quirúrgica en hospitales públicos era de 103 días a finales de 2024, pero más de 13.600 personas seguían esperando más de seis meses para operarse. La situación en Ibiza se deteriora de forma notable: el hospital público ha pasado de 1.681 pacientes en lista de espera quirúrgica a principios de 2025 a 2.303 en la actualidad, cifra que va en aumento, lamentablemente. Casi un 40% más en tan solo unos meses. El tiempo medio ha pasado de 98 a 149 días y el número de pacientes con más de seis meses de espera se ha cuadruplicado. En consultas con especialista la situación también sigue siendo acuciante: aunque la demora media se ha reducido a 89 días, 1.381 usuarios llevan entre 180 días y un año esperando.
Si uno baja aún más el microscopio y observa especialidades críticas, el cuadro se agrava. En neurocirugía, Ibiza ofrece un caso paradigmático: la isla dispone de un servicio propio privado concertado con el Ib-salut desde hace 25 años, y muchos pacientes con patología neuroquirúrgica severa —tumores cerebrales, estenosis severas, hernias discales con déficit neurológico o compresiones medulares— dependen de la derivación a la sanidad privada en la isla para no empeorar el diagnóstico en la llamada “hora de Oro en neurocirugía”. Hasta ahora el protocolo era “derivación a la privada”. Sin embargo, desde hace meses, este protocolo se ha visto alterado y están derivando a Mallorca en helicóptero, cuando cada minuto cuenta. ¿Qué tipo de gestión sanitaria define este nuevo protocolo que pasea entre islas a pacientes críticos cuando tienen un hospital a minutos en ambulancia? La neurocirugía no admite demoras: lo que hoy es una lesión reversible mañana puede ser una discapacidad permanente. Y ante un evento fatal no hay que descartar que la Administración Pública incurra en responsabilidad jurídica por inacción ante la demanda de un paciente.
Otra situación paradigmática es la especialidad de medicina nuclear, presente en la clínica privada, pero solo concertada parcialmente. La falta de un acuerdo global provoca que centenares de pacientes se paseen entre islas en busca de un diagnóstico que tendrían, de forma mucho más ágil y cómodo, en la propia Ibiza.
Estos datos, me temo, no son un capricho localista: encajan en un patrón nacional que muestra un sistema enfermo de esperar. A 30 de junio de 2025, España tenía 832.728 pacientes en lista de espera para una cirugía no urgente, con un tiempo medio de 118,6 días. Casi un 20 % llevaba más de seis meses esperando. En algunos informes oficiales la cifra supera las 840.000 personas y la demora media asciende a 126 días. No hablamos de estadística: hablamos de enfermedades que progresan, de deterioro físico, de vidas aplazadas.
Frente a este panorama, hay medidas concretas y viables que podrían aplicarse de inmediato. La primera: acuerdos estructurados de derivación y uso compartido de recursos, con protocolos claros para transferir pacientes a centros privados sin laberintos administrativos. En Ibiza – abundemos en el ejemplo – un mecanismo estable de colaboración aliviaría la presión sobre el hospital público y reduciría significativamente la demora quirúrgica.
La segunda: integración tecnológica y formación conjunta. Profesionales públicos y privados pueden compartir conocimiento, tecnología y buenas prácticas. Un modelo mixto no solo sería eficiente: elevaría la calidad asistencial.
La imagen de un neurocirujano privado colaborando con su homólogo público, compartiendo protocolos y operando pacientes del sistema público, no es una quimera: es una herramienta que lleva años esperando una firma institucional.
La tercera: transparencia y rendición de cuentas. Cada acuerdo, derivación e inversión debe ser pública y auditada. La legitimidad de la colaboración depende de que la ciudadanía vea que la salud de los pacientes no está subordinada a intereses comerciales, sino al interés común.
Pero para avanzar no basta con propuestas: hace falta decisión y acción. Si permitimos que cada comunidad autónoma gestione la crisis de forma aislada, no habrá una estrategia nacional (pública y privada) que aproveche todos los recursos disponibles.
La sanidad pública española es un patrimonio de todos: profesionales entregados, cobertura universal y centros de referencia. Pero incluso la mejor estructura puede enfermar si rechaza integrar recursos privados y si no recupera un sentido estratégico de país.
Cada espera en cirugía cardíaca, en oncología, en neurocirugía o en traumatología representa un riesgo que el paciente paga con frustración y con su salud. Señalarlo no es confrontar, sino construir. España tiene la oportunidad de transformar esta promesa incumplida del Estado de Bienestar en un instrumento real de salud pública. Solo falta decisión, claridad y voluntad de mirar más allá de estructuras e ideologías caducas. Porque cuando hablamos de salud, la espera es una condena.
Francisco Vilás,
CEO de Grupo Policlínica
