Los grupos PSOE y Unidas Podemos presentarán una propuesta conjunta en el próximo Pleno del Consell de Eivissa para que se rectifique la instrucción, en vigor desde el pasado 2 de diciembre, que impide a las personas empadronadas sin DNI o NIE acceder a los abonos de transporte público.
Según los portavoces de los dos grupos, Elena López Bonet (PSOE) y Òscar Rodríguez (Unidas Podemos), esta medida afecta centenares de familias residentes en la isla que, a pesar de estar debidamente empadronadas, quedarán excluidas de la gratuidad del transporte público. Se aplica desde el día 2 de diciembre a las personas que solicitan el título por primera vez o que lo hayan perdido y necesiten un duplicado. También acabará afectando a todas ellas, dispongan o no tarjeta en la actualidad, cuando tengan que renovarla con la nueva contrata de transporte.
Elena López Bonet ha calificado la medida como «cruel» y ha subrayado que los inmigrantes son «uno de los colectivos que más lo necesitan» para su movilidad. La portavoz ha reclamado “la retirada inmediata de la decisión de suspender la gratuidad del transporte” y “que las autoridades controlen y sancionen quién hace daño uso de las tarjetas, en lugar de castigar a estos colectivos”.
Por su parte, Òscar Rodríguez ha criticado duramente la decisión del PP, enmarcándola en una «deriva» similar a su gestión en sanidad o prestaciones sociales: «Ha decidido sacar el derecho a un transporte público gratuito a aquellos vecinos que, a pesar de que están empadronados, todavía no tienen la nacionalidad o el permiso de residencia en España».
Òscar Rodríguez ha defendido el papel de estos residentes, destacando que “son personas que pagan su alquiler y consumen en bares, restaurantes y comercio local” y que son «capitales por muchos sectores de la economía de la isla».
Los portavoces han remarcado que estas personas afectadas viven en Ibiza y que, a pesar de esto, se las excluye de un derecho básico como el transporte público gratuito, encareciendo significativamente sus desplazamientos habituales y afectando su acceso al trabajo, en la educación y a los servicios básicos.
Los grupos denuncian que, a pesar de que la instrucción se ha justificado para prevenir el fraude, no se ha aportado ninguna evidencia que las personas migrantes empadronadas en la isla hayan estado responsables de los usos irregulares detectados, que según la información pública afectan principalmente turistas y personas no residentes.
PSOE y Unidas Podemos alertan que la aplicación de esta instrucción contribuye a estigmatizar las personas migrantes, al vincularlas implícitamente con la irregularidad y el fraude. Además, con el sistema previsto, a pesar de que algunos colectivos considerados vulnerables —menores tutelados, hijos escolarizados o personas derivadas desde Cáritas u otras instituciones— podrán continuar accediendo a los abonos, la mayoría de los residentes empadronados sin DNI o NIE queda excluida.
La moción conjunta de PSOE y Unidas Podemos se debatirá al próximo Pleno ordinario del Consejo Insular de Ibiza, que tendrá lugar este viernes 19 de diciembre.
