La demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) ha impulsado un Ciclo de Conferencias sobre la Vivienda ante el problema habitacional que arrastran las islas desde hace décadas.
El ciclo se celebrará entre el 16 de enero y el 13 de marzo, con ponencias de profesionales y expertos para abordar el problema desde una perspectiva social, urbanística y arquitectónica, ha detallado la entidad en una nota. La cita concluirá con una mesa redonda en la que participarán representantes institucionales, entidades sociales y empresariales para consensuar una hoja de ruta que permita avanzar hacia «soluciones estructurales».
Las actividades empezarán el 16 de enero con la intervención de MA Lab (Laboratorio de Transformación Sostenible); el 30 de enero con la charla del periodista y ensayista Jorge Dioni, autor del imprescindible ‘La España de las piscinas’; el 13 de febrero se contará con la participación del estudio Estruch y Martorell, y el 28 de febrero con el arquitecto Jin Taira.
Según ha advertido la demarcación pitiusa del COAIB, la «grave» problemática, lejos de resolverse, se ha «intensificado» con el crecimiento demográfico y la presión turística. La entidad ha indicado que la población ha pasado de unos 70.000 habitantes a principios de los años noventa a cerca de 165.000 en la actualidad, sin que las infraestructuras ni el parque residencial hayan crecido al mismo ritmo. Esto ha derivado en «precios de alquiler inasumibles, escasez de oferta y la normalización de situaciones de infravivienda y desalojos estivales», denuncian.
El COAIB ha alertado, además, de que la mayor parte de la vivienda que se construye actualmente se comercializa como «producto de lujo», con precios fuera del alcance del residente. Mientras tanto, critica, los alquileres fuera de temporada siguen aumentando y la vivienda de protección oficial tiene una presencia «casi anecdótica» en Baleares.
Por último, ha recordado que cerca del 20 % del parque residencial de Ibiza permanece vacío, en muchos casos por la «inseguridad jurídica» que perciben los pequeños propietarios. EFE/Redacción
