Hoy el Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el alcalde, Vicente Roig Tur, relativa a la tramitación de una transacción jurídica y a la aportación del informe técnico visado que sustituye el anterior peritaje sobre la situación de los apartamentos Don Pepe.
En concreto, el Pleno ha aprobado los siguiente: Autorizar el alcalde a llevar a cabo las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para impulsar una propuesta de transacción en los procedimientos contenciosos relacionados con la declaración de ruina y el desalojo; incorporar como documento técnico de referencia el informe visado por los arquitecto técnico Joan Planells y arquitecto Iván Torres, que servirá para fundamentar las actuaciones a emprender; mantener abiertas y compatibles las vías técnicas y jurídicas que permitan, si se acredita, la posibilidad de revertir la declaración de ruina y estudiar la rehabilitación u otras soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el retorno de los vecinos.
Después de la sesión plenaria, el alcalde se ha reunido con los representantes de la comunidad de propietarios de los apartamentos Don Pepe para trasladarles el contenido del acuerdo e iniciar formalmente el proceso de transacción jurídica. Durante el encuentro se ha acordado coordinar los pasos siguientes y facilitar el intercambio de documentación técnica y jurídica entre las partes.
Roig asistirá esta tarde a la asamblea plenaria de los vecinos, donde dará cuenta públicamente del que se ha aprobado al Pleno y explicará la hoja de ruta prevista: plazos previsibles, actuaciones inmediatas y mecanismos de participación y seguimiento por parte de la comunidad.
Vicente Roig ha destacado que “el acuerdo unánime del Pleno abre una vía de trabajo compartida y responsable para buscar soluciones con garantías jurídicas y técnicas, con el objetivo que las familias afectadas puedan recuperar su situación con la máxima seguridad y transparencia, con un objetivo claro y conciso: que los vecinos puedan volver a sus viviendas antes posible y con garantías de seguridad jurídica y técnica».
