Un techo es un mundo, y un techo seguro es el primer paso para caminar en él. A pesar de ello, un 33% de la población de Ibiza está en situación de exclusión residencial, es decir, tal y como concluye un profundo análisis elaborado por la Fundación Foessa y Cáritas España sobre la exclusión y el desarrollo social en Ibiza, con respaldo económico del Consell de Eivissa.
El estudio, basado en los Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades 2024, arroja al fin, en su primera edición en Ibiza, datos empíricos al contexto social ibicenco en un informe elaborado por un equipo multidisciplinar de 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigaciones y entidades del Tercer Sector, y pone a la vivienda en el epicentro de la exclusión social en Ibiza.
Según las cifras, presentadas por el sociólogo Thomas Ubrich esta mañana, 32.000 personas viven en algún grado de exclusión social en Ibiza. Se trata de un 20,4% de la población de Ibiza, una cifra por encima de la media balear (19%). Por encima de estas cifras, con un alarmante 40,3% se encuentra el índice deintegración precaria. Nada menos que 4 de cada 10 personas viven en una situación de integración precaria, es decir, no cumplen los criterios de pobreza material pero se encuentran en alto riesgo de quedar al margen de la sociedad y entrar en situación de exclusión social. En otras palabras, casi la mitad de la población de Ibiza está al borde del precipicio. Y solamente un 36% de la población vive en integración plena.
Con los datos en la mano, el sociólogo responsable de presentar el estudio ha incidido en un factor clave: “No fallan las personas, falla el sistema. El mito de la pasividad de las personas en exclusión, esa idea de que viven de prestaciones…, es falsa”.
Según la investigación, 3 de cada 4 hogares en situación severa de exclusión activan herramientas para salir de ella: «Activan estrategias de inclusión, trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de exclusión, pero se topan con dispositivos muchas veces fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados». El autor ha señalado los dos grandes agujeros del sistema: una vivienda que expulsa a las familias del territorio y un empleo que ha perdido la capacidad para rescatarnos de esa expulsión.
El estudio lanza cifras también en cuanto a la exclusión relacionada con la vivienda: 16.000 personas (o el 9,7% de hogares) residen en una vivienda insegura, bien por dificultades legales o inestabilidad de la vivienda, y es que “cuando la alternativa es alquilar, se entra a menudo en la cadena del subarrendamiento, casi siempre sin contrato, dejando a la gente indefensa ante subidas y abandonos inesperados”, explica Ubrich.
Según el estudio, 19.000 personas (o el 12,4% de la población, o 6.000 hogares) residen en una vivienda inadecuada con problemáticas estructurales, con problemas de salubridad e higiene o situaciones de hacinamiento, en los que además aparecen problemas como la carencia de espacios privados, entre otros.
«Esto no son números,» ha manifestado Ubrich, «son familias que convierten una habitación en un piso, sin intimidad, sin espacio propio y con una convivencia al límite, son niños que no tienen una mesa tranquila donde hacer los deberes. Cuando no hay un piso ni habitación, aparece la vivienda improvisada, caravanas, furgonetas, coches, tiendas de campaña, chabolas en descampados, parkings o bosques. Ahí lo básico no está garantizado, agua corriente, electricidad, ducha, cocina segura, una alimentación refrigerada, además de inseguridad, basura, ruido y riesgo de incendio.»
Precisamente, sobre los menores, uno de los sorprendentes datos que ofrece el estudio es en relación a la infancia de Ibiza. Según los análisis realizados, el 28,3% de la población de Ibiza afectada en situación de exclusión social son menores de 18 años. “Estamos hipotecando a nuestra infancia”, añade el sociólogo.
El empleo, insuficiente para una vida digna
Si la vivienda es el primer gran eje que empuja a 3 de cada 10 personas a la exclusión, por su inaccesibilidad e inestabilidad, el empleo es el segundo gran motor de la exclusión en Ibiza.
Según el estudio de Foessa, mientras que el empleo en la isla de Ibiza ha mejorado, tener un trabajo no siempre asegura salir de la pobreza ni protege determinantemente contra la exclusión social. “Los salarios han subido en nómina pero apenas han ganado poder de compra”, ha matizado Ulbrich, quien explica que entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 20% en euros corrientes pero solo un 3,3% en euros reales. Esto se añade a un contexto en el que, mientras la economía insular genera empleo, este es a menudo de carácter temporal y depende de la temporada turística, traduciéndose en un aumento del paro fuera de los meses de mayor actividad, “con condiciones laborales precarias para muchos trabajadores”.
Con todo esto, las situaciones de exclusión social en la dimensión del empleo afectan al 21,5% de los hogares, y al 18,4% de la población de Ibiza. Estas tasas de exclusión a causa del empleo son en Ibiza sustancialmente peores que las registradas en el resto de Balears y el conjunto estatal.
En Ibiza, además de haber una dimensión de empleo estacional que provoca precariedades, hay además un 4% de hogares cuya persona sustentable principal tiene un empleo irregular, sin contrato y sin cobertura en la seguridad social, frente a un 2% en Baleares. “Una realidad de inestabilidad en la que la gente que entra y sale del mercado laboral resulta problemática para muchas de esas personas”, que además sufren las consecuencias en otras dimensiones, abandonando cuidados necesarios como la salud mental y física.
No solo exclusión económica
El origen étnico o nacional, es también un importante factor en la exclusión, aunque no es determinante, ya que el mayor número de personas en riesgo de exclusión social son españolas. Sí cabe destacar que se encuentran en exclusión social alrededor de un tercio de todas las personas de nacionalidad (33,4%) u origen extranjero (32,3%).
Precisamente uno de los agravantes que las familias y personas extranjeras o que llegan de fuera de la isla enfrentan a la hora de avanzar en la sociedad de Ibiza, es el obstáculo del empadronamiento y el difícil acceso a un NIE, herramientas esenciales para obtener acceso a numerosos servicios, posibilidad de un contrato, derechos y obligaciones.
En este caldo de cultivo, el 29% de hogares excluidos (sus habitantes) se ha sentido discriminado por su origen étnico en algún momento.
Una herramienta para las políticas públicas
Esta es la novena edición del profundo informe que realiza la Fundación Foessa junto a Cáritas España en todo el territorio español por regiones, y es el primero de sus características en Ibiza, tras realizarse en 2024 la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales. En el análisis, además se ofrece una comparativa con el resto de islas en Balears. El sociólogo Thomas Ulbrich, que también es miembro del comité técnico de la fundación tras el estudio, ha incidido durante la presentación en que “un buen diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta clave para mejorar las políticas públicas y la vida de la ciudadanía”.
Precisamente, la consellera de Serveis Socials, Carolina Escandell, ha añadido: “Hasta ahora los datos empíricos no han sido una realidad. Esto es una hoja de ruta para todas las administraciones y para todo el tejido social de toda la isla de Ibiza”.
En las conclusiones del estudio se incluyen de hecho las necesarias políticas públicas para cambiar esta situación, y advierte que se requiere «un cambio profundo de modelo social» que deje atrás una sociedad centrada en el crecimiento económico hacia otra basada en el cuidado.
«Este cambio de paradigma necesita dos motores que actúen conjuntamente, instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa, capaces de cooperar por el bien común», ha dicho Ubrich. Con esto, ha señalado la necesidad de políticas preventivas, la necesidad de diversificar la economía, reducir la economía sumergida, facilitar la regularización administrativa y el empadronamiento, ampliar la vivienda social asequible y regular el mercado para que el turismo no comprometa una vida digna, reforzar las políticas de garantía de ingresos como el Ingreso Mínimo Vital y la renta mínima autonómica, y promover una integración real de la población migrante.
El estudio se puede acceder aquí.
la teoría la conocemos, todos. Los remedios , no los ponen quienes deben…se van FITUR