El senador de Eivissa y Formentera, Juanjo Ferrer, ha intervenido en la Comisión de Vivienda del Senado durante la comparecencia de los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Barcelona, Jaume Collboni, poniendo de relieve los graves problemas de acceso a la vivienda que sufren las Pitiüses y defendiendo el modelo de regulación impulsado por la capital catalana.
El senador ha destacado los datos aportados por el alcalde Collboni, quien ha explicado que “hoy, una familia de Barcelona paga 220 euros menos de alquiler de lo que pagaría si se hubiese mantenido la no intervención del mercado de la vivienda”. El alcalde ha detallado que, gracias a la regulación de la Ley estatal de Vivienda, el precio medio del alquiler en Barcelona es de 1.135 euros, cuando sin esta intervención sería de 1.357 euros.
“Nosotros sufrimos un caso de laboratorio, porque tenemos de todo”, ha señalado el senador en referencia a Ibiza y Formentera.
Juanjo Ferrer ha enumerado problemas que afectan a las Pitiüses, aparte de la especulación: vivienda vacía, dificultades de rehabilitación y, sobre todo, problemas de uso turístico de los pisos a pesar de que “siempre ha estado prohibido y nunca se ha permitido”, al contrario que en Barcelona, donde sí eran legales y por eso ahora se ha iniciado la revocación de todas las licencias.
«En todo caso, y pese a lo que intenta hacer creer el PP, durante los últimos tres años la problemática de los pisos turísticos se ha agravado», ha advertido Juanjo Ferrer.
El senador ha defendido que, para abordar la crisis de la vivienda, además de la regulación de los alquileres y otras medidas, «es necesario crear un parque público de vivienda suficiente»: “Parece ser que es el único consenso que hay entre los grupos para poder mejorar este acceso a una vivienda digna y asequible”. Sin embargo, Juanjo Ferrer ha criticado lo que considera «una falta de gestión y planificación en la mayoría de municipios de las Pitiüses», donde “el desarrollo del planeamiento ha sido tan deficiente que no hay suelo público” para la construcción de vivienda pública.
El senador ha coincidido con los comparecientes en la necesidad de que las medidas reguladoras sean “temporales y excepcionales”, pero ha insistido en que son necesarias ante la gravedad de la situación.
Ha insistido en que la Ley de Vivienda, “por mucho que se haya demonizado, ofrece un marco legislativo general” con una parte procedimental y otra de acceso a la vivienda.
En cuanto a la limitación de compra por parte de no residentes, el senador ha recordado que durante esta legislatura han defendido la necesidad de esta medida.
Juanjo Ferrer ha valorado positivamente que el Govern balear plantee limitar la compra de vivienda a extracomunitarios no residentes durante cinco años, y que el Gobierno del Estado haya anunciado que solicitará el visto bueno de Bruselas para aplicar la medida, como anunció ayer mismo el ministro Ángel Víctor Torres.
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares pide consenso
Por su parte, y en referencia a las medidas anunciadas recientemente por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en materia de vivienda, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y la Asociación Apibaleares recuerdan hoy que algunas de las iniciativas planteadas, como posibles restricciones vinculadas al mercado inmobiliario, requerirían modificaciones del Tratado de la Unión Europea, lo que implica necesariamente acuerdos a escala comunitaria.
El presidente del Colegio y la Asociación, José Miguel Artieda, afirma en este sentido: “de plantearse medidas de este calado deberían aprobarse previamente desde un consenso político nacional amplio, declarando el acceso a la vivienda como un interés general”.
Así, desde el Colegio se insiste en que el problema de la vivienda no puede abordarse con medidas aisladas, sino dentro de un paquete completo y coherente de actuaciones, como las que ya se están impulsando en Baleares y las que vienen proponiendo desde hace tiempo los distintos colegios profesionales.
Entre ellas, Artieda destaca la regulación del ejercicio de la actividad inmobiliaria, una demanda histórica del sector que sigue sin materializarse precisamente por la falta de consenso político y de una declaración clara del interés general.
Artieda reitera que “el acceso a la vivienda exige un gran pacto de Estado que, hoy por hoy, resulta difícil de vislumbrar, porque se está convirtiendo en una herramienta de rédito político, en lugar de abordarse como un problema estructural que requiere soluciones estables y a largo plazo”.
La singularidad de Balears
El Colegio subraya, además, que la situación de Baleares presenta características específicas que deben ser tenidas en cuenta en cualquier debate sobre vivienda. La comunidad registra una presión demográfica creciente, con una variación anual de población extranjera superior a la nacional, unida a un alto poder adquisitivo de buena parte de los compradores no residentes.
Esta combinación, según Artieda, “conduce a una escalada de precios exponencial, claramente inasumible para muchos residentes”. En este contexto, y siempre dentro de un marco legal claro y consensuado, el Colegio y la Asociación Apibaleares consideran que podría estudiarse la posibilidad de establecer limitaciones a la compra de vivienda por parte de no residentes en determinadas zonas, como algunos núcleos urbanos consolidados. Estas medidas deberían definirse con precisión, delimitando conceptos como el de no residente y aplicándose únicamente a determinadas tipologías de vivienda, como los inmuebles plurifamiliares.
Cualquier solución – concluye Artieda– “debe ser equilibrada, jurídicamente sólida y adaptada a la realidad de cada territorio. Por ello desde el Colegio y la Asociación seguimos colaborando con las administraciones públicas para aportar conocimiento técnico y contribuir a soluciones eficaces que garanticen el acceso a la vivienda sin generar distorsiones adicionales en el mercado”.
