El coordinador insular del Partido Animalista PACMA en Ibiza, Olivier Hassler, ha presentado alegaciones formales a los Presupuestos Generales de 2026 del Ayuntamiento de Sant Josep y del Ayuntamiento de Ibiza, al considerar que las cuentas municipales «no garantizan el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de bienestar animal, protección de colonias felinas y gestión de animales abandonados».
En el caso de Sant Josep, Hassler critica «omisión e insuficiencia manifiesta de crédito» para tres ámbitos: campañas municipales de sensibilización y prevención del abandono, gestión ética de colonias felinas conforme al artículo 39 de la Ley 7/2023 y recogida, custodia y atención de alrededor de 50 perros podencos que deambulan libremente por el municipio.
El Partido Animalista advierte de que la ausencia de partidas «expresas y finalistas» impide una aplicación real de los programas, compromete el seguimiento de su ejecución y vulnera las competencias municipales en salubridad y medio ambiente urbano.
Por su parte, en el municipio de Ibiza, el coordinador ha reclamado contra la aprobación inicial del presupuesto al detectar «una infradotación estructural y una falta de trazabilidad» en partidas vinculadas al bienestar animal.
Entre ellas, destacan «la alimentación de colonias felinas, dotada con una cantidad que el propio cálculo conservador del coste anual supera; la ausencia de cobertura claramente identificada para el programa CER (captura, esterilización y retorno); la falta de crédito verificable para identificación mediante microchip y gestión registral; y la insuficiencia de recursos humanos y materiales para garantizar el funcionamiento efectivo del Centro de Protección Animal».
Desde PACMA subrayan que la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales 7/2023 «no se cumple con previsiones presupuestarias genéricas o nominales, sino con créditos idóneos, suficientes y ejecutables».
En este sentido, el Partido Animalista reclama a ambos ayuntamientos la creación de partidas finalistas, la incorporación de indicadores de seguimiento y la elaboración de memorias técnico-económicas que permitan evaluar la eficacia real del gasto público.
