El Pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado hoy, de manera inicial, los presupuestos generales para el ejercicio 2026, «unas cuentas que refuerzan la estabilidad institucional, priorizan la gestión responsable de los recursos públicos y aseguran el mantenimiento e impulso de las ayudas y subvenciones a entidades, colectivos y ciudadanía», destaca el Consell en un comunicado.
Las cuentas de la institución han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno de Sa Unió, la abstención de PSIB-PSOE y GXF y el voto en contra del conseller no adscrito.
Durante el debate, el conseller de Hacienda, Javier Serra, ha subrayado que estos presupuestos son el resultado “de una negociación larga, rigurosa y basada en el diálogo constructivo”, y ha agradecido “el tono y la predisposición de GxF y PSOE para sentarse a alcanzar acuerdos que permiten dotar Formentera de unas cuentas solventes y operativas”.
Serra ha puesto de relieve que la aprobación de estos presupuestos es clave para “garantizar la continuidad y el refuerzo de las ayudas y subvenciones destinadas a clubes deportivos, asociaciones culturales, entidades sociales, patronales, estudiantes, deportistas y personas en situación de vulnerabilidad”, consolidando así una red de apoyo imprescindible para el tejido social y económico de la isla.
El conseller ha insistido en que “los presupuestos tienen límites económicos claros” y que, por tanto, ha sido necesario priorizar aquellas inversiones “de urgencia y carácter estructural”, sin renunciar a otros proyectos estratégicos que el Consell continuará impulsando y buscando vías de financiación, como el futuro centro de menores.
En esta línea, ha destacado que el equipo de gobierno ha actuado “con total transparencia desde el primer día”, facilitando toda la información requerida y adaptando el documento presupuestario a las propuestas surgidas del proceso de negociación.
Serra también ha reconocido el trabajo técnico desarrollado por el área económica del Consell, que “ha ido ajustando los documentos con profesionalidad ante los diferentes cambios planteados a lo largo del proceso”.
Los presupuestos de 2026 ascienden a 49,2 millones de euros, el nivel más alto de la historia del Consell Insular, con un incremento del 8,4 % respecto al ejercicio anterior y manteniendo el endeudamiento a cero, hecho que blinda la solvencia de la institución.
Las cuentas consolidan la plantilla pública, culminan la implantación del 100 % de la carrera profesional —avanzada un año— y dan continuidad a los procesos de estabilización de personal. En el ámbito inversor, el presupuesto prevé 7.219.000 euros, un 44,7 % más que en 2025, orientados prioritariamente a cohesión social, territorio y sostenibilidad, educación, deporte y cultura, así como a una administración más ágil y eficiente.
Con estos presupuestos, el Consell de Formentera «refuerza su capacidad de gestión, consolida un modelo de gobierno basado en el diálogo y la responsabilidad, y proyecta una Formentera más sólida, cohesionada y preparada para afrontar los retos de futuro», añaden.
En la misma sesión plenaria, celebrada este martes, se ha aprobado el plan de subvenciones vinculado a las cuentas de 2026.
El Pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado, por unanimidad, la Propuesta sobre la revocación parcial de las delegaciones de atribuciones efectuadas por el Pleno a favor de la Junta de Govern.
En su defensa, el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado que esta iniciativa “no es una decisión unilateral, sino el resultado de un acuerdo político con los grupos de la oposición en el marco del diálogo que ha hecho posible la aprobación de los Presupuestos Generales de 2026”.
Según Portas, se trata de “un ajuste responsable y pactado” que refuerza el Pleno como espacio central de debate y decisión política sin comprometer la agilidad ni la capacidad ejecutiva del Consell.
El presidente ha recordado que la delegación de competencias a la Junta de Govern, aprobada en julio de 2023, fue “acertada” en su momento para garantizar eficacia y seguridad jurídica en el contexto de entrada en vigor de la Llei 4/2022 de consells insulars y ante la ausencia de un Reglamento orgánico adaptado al nuevo marco legal.
Ahora, sin embargo, “la experiencia acumulada y el análisis jurídico permiten retornar al Pleno determinadas competencias con un marcado contenido político y estratégico”, como son las bases reguladoras de subvenciones, el establecimiento de precios públicos, determinadas acciones judiciales y el reconocimiento extrajudicial parcial.
Portas ha remarcado que todas las competencias clave para la gestión operativa se mantienen íntegramente en la Junta de Govern, incluida la gestión del gasto, la contratación, los proyectos de obra y servicios, los compromisos plurianuales y la potestad sancionadora.
“No estamos ante una marcha atrás ni ante una desnaturalización del modelo de gobierno, sino ante un ajuste que refuerza el Pleno en las decisiones de mayor trascendencia política y preserva una gestión ágil y eficiente”, ha afirmado.
El presidente ha insistido en que “alcanzar acuerdos no es renunciar a gobernar; renunciar a gobernar habría sido quedarnos sin presupuestos”. Ha defendido que el acuerdo tiene límites claros, tanto políticos como jurídicos, y que en ningún caso se ha cedido el control de la gestión ni se ha puesto en riesgo la capacidad ejecutiva del Consell.
Para el presidente del Consell Insular de Formentera esta decisión responde “a un ejercicio de responsabilidad política ante el interés general de Formentera”, y que el equipo de gobierno ha antepuesto “la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el buen funcionamiento del Consell por encima de cualquier cálculo partidista”. Según el presidente, “gobernar con responsabilidad implica saber acordar, escuchar y ajustarse cuando el interés general lo exige, sin renunciar nunca a la capacidad de gestión ni al rumbo estratégico de la institución”.
Finalmente, Portas ha sintetizado que con este acuerdo la acción de gobierno no queda debilitada, que la revocación parcial es fruto del diálogo político para garantizar los presupuestos 2026 y que lo que retorna al Pleno son decisiones políticas y estratégicas, no la gestión ordinaria.
