El pleno ordinario del Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado esta mañana la imposición de penalidades a la UTE adjudicataria del contrato mixto de suministro y mantenimiento del alumbrado público exterior del municipio, tras constatarse incumplimientos técnicos en la prestación del servicio.
Los informes técnicos municipales evidenciaron que la empresa no cumplía plenamente con las exigencias de seguridad eléctrica, eficiencia energética y niveles lumínicos reglamentarios, lo que llevó al pleno a desestimar las alegaciones presentadas por la adjudicataria durante el procedimiento. Finalmente, se aprobaron las penalidades por un importe total de 100.012,44 euros (IVA excluido), correspondiente al límite máximo previsto en el pliego del contrato, equivalente al 10% del importe anual.
En la misma sesión, el pleno también aprobó de forma definitiva el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 56.138.666 euros, un incremento del 10,66 % respecto al año anterior. De este total, 15,3 millones de euros se destinarán a inversiones, priorizando actuaciones como la mejora de la limpieza viaria, la renovación de parques infantiles, la modernización de instalaciones deportivas y el reasfaltado y mejora de calles en distintos puntos del municipio.
Asimismo, se desestimaron las alegaciones presentadas por la Asociación de Colonias Felinas de Ibiza y el Partido Animalista con el Medio Ambiente, mientras que se estimaron parcialmente las presentadas por el grupo municipal PSOE, que permitirán incorporar partidas para un plan de accesibilidad, la creación de un camino escolar seguro y accesible desde el IES Sa Serra y el CEIP Sant Antoni hasta el núcleo urbano, así como una línea de ayudas para mejorar la accesibilidad de los establecimientos del municipio.
Otras decisiones del pleno
La corporación aprobó además la propuesta del Partido Popular para instar al Gobierno de España a retirar la propuesta de renovación del Estatuto Marco del personal sanitario y convocar el Foro Marco para el Diálogo Social, asegurando que la actualización del estatuto se realice desde el consenso con los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas, con una financiación realista y adecuada que garantice su aplicación efectiva.
Por último, el pleno designó a Antonia Roselló como jueza de paz sustituta del municipio.
