En estos tiempos de zozobra mundial, la estrategia goebbeliana de decir mil veces una mentira hasta convertirla en realidad es el pan nuestro de cada día. Se han acabado los tiempos en que los políticos rectificaban públicamente cuando se equivocaban e incluso dimitían si eran atrapados en una flagrante falsedad. El bulo, como la chulería, el odio y la sistemática humillación al débil, hoy en día constituye un valor al alza. Es como si, de pronto, en una transición tan vergonzosa como inexplicable, hubiésemos pasado de una sociedad esencialmente solidaria, por encima de ideologías, a regresar a la ley de la selva y a los tiempos de los cromañones. Basta con ver la manera chabacana e inmisericorde con que actúan muchos de los políticos que dominan el mundo, a quienes sólo les falta el hueso en la nariz y una mujer agarrada por los pelos a la que arrastrar por el suelo.
La generalización del uso de la mentira, junto con el recurso de la exageración, que es prima hermana de ésta, afecta a todas las capas políticas e ideologías. En España, sin necesidad de viajar más lejos, hemos visto a los socialistas justificar la inoperancia frente a casos de acoso sexual y a un presidente hacer exactamente lo contrario de lo que había prometido, justificándolo con que “hay que hacer de la necesidad virtud”. Y a la derecha protagonizar y disculpar chapuzas injustificables que han costado cientos y hasta miles de vidas, con una sarta de argumentos infames que hace algunos años no sólo no se habrían tolerado, sino que habrían incendiado el país. Incluso los propios ciudadanos nos hemos acostumbrado a que nos mientan y ya lo consideramos parte del juego político, sin que nos altere lo más mínimo. Tal vez ahí radique la razón del abismo que hoy media entre la gente y la clase política.
Aunque la mayoría de nuestros representantes a escala local son mucho más comedidos y no actúan con semejantes modales, las malas costumbres son altamente contagiosas y acaban, en mayor o menor medida, afectando a todas las capas. En Ibiza, un ejemplo claro sobre esta incapacidad para rectificar y reconocer el error lo hallamos en los supuestos beneficios de la lucha que ha emprendido el Consell Insular contra las viviendas turísticas ilegales, que, a priori, debería de tener dos ventajas evidentes: la reducción de la presión turística sobre nuestro territorio, al eliminar miles de plazas ilegales que contribuyen notablemente a los elevados niveles de saturación humana, y la devolución de buena parte de esos hogares al mercado del alquiler residencial.
A finales de la pasada temporada, el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, manifestó que gracias a la estrategia de presión y colaboración con plataformas de alquiler turístico como Airbnb, la oferta ilegal, que en Ibiza se estimaba en unas 15.000 plazas, había caído un 85% y que la mayor parte de todas esas miles y miles de camas no ocupadas se habían trasvasado a los hoteles.
Ya en ese momento algunos empresarios del sector del alojamiento afirmaban en privado que las cifras que ellos barajaban negaban tal evidencia. Luego, el pasado enero, conocimos dos importantes recuentos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (Frontur, que refleja los movimientos turísticos en frontera, y Egatur, el gasto). Determinaban que en nuestro territorio el gasto realizado por turistas alojados fuera del mercado (en viviendas turísticas ilegales o casas de familiares y amigos residentes), no sólo no se había cortado en seco por la estrategia del Consell, sino que éste había aumentado hasta alcanzar los 550 millones de euros; o sea un 3,5% más con respecto al año anterior. Fuera de la oferta regulada pernoctaron 478.159 personas, lo que supone 15.000 viajeros más que el año anterior (un 3,38% más). Parece improbable, por tanto, que la vivienda turística haya decrecido de manera significativa, como argumenta el Consell.
La semana pasada, asimismo, se dieron a conocer los últimos datos del Instituto de Estadística de les Illes Balears (Ibestat), que subrayan aún más esta contradicción. A pesar de que en las Pitiüses el número total de turistas alcanzó los 3,7 millones en 2025, lo que supone un crecimiento superior a 44.000 personas (un 1,2% más que en 2024), se perdieron la friolera de 1,5 millones de pernoctaciones, lo que implica una caída del 7,18%, que es una cifra muy relevante.
En consecuencia, tenemos por un lado que el Consell nos dice que se han eliminado la inmensa mayoría de las viviendas turísticas ilegales, y por otro el INE, que nos señala que se han alojado más turistas en la oferta irregular, y el Ibestat, que depende del Govern balear, que apostilla que se han producido 1,5 millones menos de pernoctaciones en las Pitiüses. ¿Y dónde han dormido todos esos millones de turistas que no lo han hecho en los hoteles y en las viviendas turísticas legales? Pues la respuesta parece obvia.
Esta semana hemos sabido, además, que según el INE se han retirado de plataformas como Airbnb o Booking los anuncios de casi 7.500 plazas de alojamiento ilegales. No se puede negar que es un importante logro en la visibilidad del mercado ilegal en Internet. Pero de ahí a deducir que estas plazas han desaparecido media un mundo.
Estamos, por tanto, ante una conclusión obvia: aunque desde la política se nos diga que en Ibiza se ha conseguido eliminar buena parte del mercado ilegal, lo que en realidad se ha logrado es únicamente que se retire la publicidad de Internet. Las viviendas ilegales se siguen comercializando mediante otras fórmulas, como el trato directo con el cliente, ya que muchos de ellos son repetidores y vienen todos los años a la misma casa, proporcionando además el contacto de sus caseros a sus allegados. Y a ello hay que añadir las múltiples empresas y agencias que se dedican a poner en contacto a la oferta con la demanda, a cambio de una comisión, que en la isla han proliferado como champiñones.
Cabe felicitar al Consell por iniciativas como la regulación de vehículos y por la lucha contra la presencia online de las viviendas ilegales, pero al mismo tiempo hay que recriminarle que trate de confundirnos con conclusiones no sustentadas por los datos reales, como por ejemplo que se ha acabado con un 85% del alquiler turístico irregular.
Existe, además, otra cifra que aún no se ha hecho pública, probablemente porque sea tan pequeña que ni siquiera se ha podido estimar: el número de viviendas turísticas ilegales que han vuelto al mercado del alquiler residencial. La estrategia del Consell, al menos de momento, no ha tenido ningún impacto medible o real sobre el gravísimo problema de la falta de vivienda y los precios, que continúan aumentando. Sigue sin haber casas para la población residente y tampoco a precios asequibles para la gente trabajadora, mientras aumentan la pobreza y el chabolismo, y una parte sustancial de los ibicencos que no van a heredar casa acabarán marchándose a otra parte.
El reto, por tanto, es el mismo. Si no queremos que las cifras del alojamiento turístico ilegal se sigan disparando como hasta ahora, hay que actuar más allá de la publicidad, mediante muchas más inspecciones físicas en viviendas y agencias, destinando los recursos necesarios a ello. Y hay otros tipos de intrusismo respecto a los cuales no se está haciendo nada o casi nada. No cabe hablar de turismo sostenible ni de reducción de la oferta ilegal, cuando parece que afrontamos las peores cifras de nuestra historia y la mayor crisis social que se recuerda.
@xescuprats
