El próximo 1 de abril, la red de transporte público de Ibiza dejará, por fin, de ser una reliquia. Tras siete años de ingeniería administrativa, obstáculos burocráticos y un tortuoso proceso de licitación, la isla estrena un modelo de movilidad propio de este siglo.
Resulta lógico que al ciudadano de a pie le cause estupor que la administración necesite casi una década para renovar unos autobuses. Sin embargo, para entender el diagnóstico hay que mirar el historial clínico: hablamos de concesiones de los años 90 que comenzaron a caducar en 2012. Durante años, la estrategia de los sucesivos gobiernos del Consell Insular se resumió en una preocupante política de brazos cruzados, esperando quizás que el problema del transporte caducado se solucionara por combustión espontánea.
Cuando inauguramos el mandato 2019-2023, la herencia en los despachos era, por ser diplomáticos, un despropósito. Nos encontramos con un Plan de Transporte raquítico que el gobierno anterior ni siquiera había logrado aprobar definitivamente (un fracaso de gestión que, visto el contenido, casi debemos agradecer). Las «grandes soluciones» que planteaba aquel documento pasaban por un incremento de frecuencias ridículo que ignoraba por completo la realidad demográfica y territorial, así como las necesidades de movilidad de la isla y por el intento de cometer una temeridad competencial: pretendían diluir el transporte escolar dentro de la red regular. Una idea nefasta por ser este competencia exclusiva del Govern Balear, carecer de convenio firmado, no tener un solo euro de financiación para asumirla y, lo más grave, por jugar a la ruleta con la seguridad de los escolares por un mero capricho de diseño de despacho que ya se había demostrado fallido en otros territorios.
Afortunadamente, el rumbo se corrigió con la celeridad que exigía la situación y en pocos meses se aprobó un Plan de Transporte riguroso y viable.
¿Por qué, entonces, siete años de calvario administrativo? La respuesta reside en una legislación hipergarantista y draconiana, diseñada para gigantes autonómicos, pero impuesta a martillazos a administraciones mucho más pequeñas, como es el caso del Consell d’Eivissa. El laberinto incluye diseño de proyectos, pliegos, exposiciones públicas, resoluciones, alegaciones y el inevitable desfile de recursos empresariales. De hecho, en términos de derecho administrativo comparado, la tramitación en Ibiza ha sido meteórica. Quien lo dude, puede asomarse a ver cómo respiran los Consells de Menorca o Formentera; con suerte, tendrán un contrato nuevo antes de que termine la próxima legislatura, aunque yo no apostaría mi dinero por ello.
Pero si hay algo verdaderamente fascinante en este proceso ha sido el papel del PSOE. Su ejercicio de amnesia selectiva es digno de estudio sociológico. El mismo partido cuya parálisis institucional abocó a la isla a esta prórroga agónica, lleva años instalado en la queja crónica. Sus críticas sistemáticas revelan un dilema preocupante: o bien tienen un desconocimiento alarmante de cómo funciona la Ley de Contratos del Sector Público y la parte concreta del transporte, o bien lo saben perfectamente y han optado por el ruido demagógico para intentar disimular su propia incapacidad de gestión en legislaturas anteriores. Tampoco sabría decirles qué caso es peor.
En política, la crítica vacía suele ser el refugio de quien carece de proyecto. Y en el fondo, lo que verdaderamente escuece en las filas de la oposición no son los plazos, sino la firma en el contrato. Les irrita profundamente que hayan tenido que ser los gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos primero, y del PP con mayoría absoluta después, quienes hayan desatascado este servicio esencial. Al final, han utilizado el transporte no como una preocupación real por el ciudadano, sino como un arma arrojadiza de fogueo.
Frente a la política de pancarta, la realidad de los hechos. Gracias al trabajo impecable de los técnicos del departamento de Transportes del Consell y de todos los implicados que prefirieron la gestión al ruido, el 1 de abril habrá autobuses nuevos en la calle. Un hito histórico y, sobre todo, una lección de cómo se gobierna y de cómo se gestiona.
Por Javier Torres Serra,
exvicepresidente del Consell d’Eivissa i exconseller del departamento de Transportes.
