El sindicato UGT ha denunciado una negligencia «total y absoluta» del Ib-Salut a través de la empresa pública Gestión Sanitaria y Asistencial (GSAIB) por la gestión de la nueva flota de ambulancias.
La entidad ha advertido en una nota de que durante más de tres meses se habría puesto «en grave riesgo» a trabajadores, pacientes y usuarios por supuestos incumplimientos de la normativa de tráfico y seguridad vial.
UGT sostiene que parte de los nuevos vehículos de transporte sanitario no urgente, adquiridos dentro de un contrato de 56 millones de euros, superaban inicialmente los 3.500 kilos de peso, lo que exige permiso de conducir tipo C.
Según esta organización, tras detectarse que muchos conductores no disponían de ese carné, el Servicio de Salud optó por modificar las ambulancias, eliminando elementos técnicos como rampas de acceso, con el fin de rebajar su peso y permitir su conducción con carné B.
El responsable de Transporte Sanitario de UGT en Baleares, Javier Marín, ha asegurado que, tras analizar la documentación técnica, han comprobado que, aunque los vehículos pesan 3.190 kilos sin ocupantes, al transportar a seis personas -dos técnicos y cuatro pacientes- superarían los 3.500 kilos, alcanzando los 3.640, lo que requeriría el permiso C.
Además, ha denunciado que la ficha técnica solo autoriza un máximo de cuatro plazas, incluidos los técnicos.
Durante tres meses se habrían dado órdenes para realizar servicios con seis ocupantes en vehículos que, según la documentación, no lo permiten, lo que desde UGT consideran una actuación «temeraria y peligrosa».
El sindicato ha vinculado esta situación a demoras de hasta 30 horas en Mallorca y de 14 en Ibiza y Menorca para traslados hospitalarios, y a la reducción de ambulancias operativas con camilla, que han pasado de 135 vehículos el año pasado a 130 en la actualidad, de los que solo 30 disponen de camilla.
En esta línea, UGT ha pedido que se depuren responsabilidades y se destituyan a los responsables, a la vez que no ha descartado acudir a instancias superiores y judiciales si no se adoptan medidas.
EFE
