Una autocaravana estacionada en la zona de Cala Codolar, en el municipio de Sant Josep (Ibiza) ha sido sancionada con una multa de 20.000 euros por aparcamiento, pernocta y/o acampada en suelo rústico fuera de los espacios habilitados, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio. La multa es de ayer miércoles 4 de marzo, está puesta a las 13.10 horas y la persona afectada es un trabajador, residente en Ibiza que tiene su puesto de trabajo en la zona, tal como ha sabido Noudiari.
La sanción se fundamenta en la disposición adicional de la Ley 5/2024, normativa impulsada por el Consell de Ibiza para regular la presencia de autocaravanas en la isla con el objetivo de frenar los asentamientos y las pernoctaciones en suelo urbano no habilitado y en espacios naturales.
En el boletín se señala que el vehículo permanecía estacionado en el mismo lugar durante tres días, una circunstancia que la inspección considera incompatible con la normativa vigente.
El documento fija la cuantía de la multa en 20.000 euros, dentro del rango sancionador previsto por esta normativa, que contempla sanciones de hasta 30.000 euros en determinados supuestos. La denuncia aparece sin la firma del afectado, que figura como ausente en el momento de la notificación.
El afectado estudia recurrir la sanción
El propietario de la autocaravana se ha puesto en contacto con la Plataforma Autocaravanas Autónoma (P.A.C.A.) para recibir asesoramiento jurídico tras recibir la denuncia.
El presidente de la plataforma, Jesús Gallardo, explica a Noudiari que él, hasta ahora, solo había tenido conocimiento de avisos y notificaciones informativas, pero no de una sanción económica de esta magnitud.
“Una vez comunicada la multa, ahora le tiene que enviar el expediente administrativo. Cuando lo reciba tendrá unos días para presentar recurso”, explica a Noudiari.
El presidente explica que el afectado tendrá varias opciones legales. Si decide no recurrir, podría acogerse a una reducción del 30% de la multa, algo que Gallardo considera una «coacción» para no denunciar. En cambio, si decide continuar con el procedimiento, no hay descuento y el proceso se puede alargar.
“Primero se presenta un recurso administrativo. Si se lo deniegan, podría acudir al contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Y, si fuera necesario, incluso a un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, explica.
Mientras tanto, la plataforma acompañará al afectado durante todo el proceso.
“Una sanción desproporcionada y discriminatoria”
Desde la P.A.C.A. consideran que la multa es “completamente desproporcionada” y denuncian que la normativa genera un trato desigual respecto a otros vehículos como turismos, a los que no se les multa por estacionar.
Gallardo sostiene que el problema no es únicamente la sanción concreta, sino el marco legal que la sustenta.
“Una persona puede tener un turismo estacionado en ese lugar y no pasa nada. Pero si es una autocaravana, la sanción puede llegar a 20.000 o 30.000 euros”, afirma.
El presidente de la plataforma asegura que el afectado está “muy preocupado” por las consecuencias económicas de la sanción.
“Es un trabajador que vive en Ibiza desde hace tiempo. Para esta persona una multa así es la ruina”.
Gallardo resume la crítica de la asociación con una frase contundente:
“En Ibiza sale más barato okupar una vivienda que vivir en una autocaravana”.
Críticas a la normativa del Consell
La P.A.C.A. mantiene desde hace meses un pulso con las instituciones insulares por la regulación del caravanismo. La plataforma ha llegado a calificar a Ibiza como “la isla más hostil de Europa para las autocaravanas”.
Según la organización, la normativa insular obliga en la práctica a pernoctar únicamente en campings, lo que puede suponer un coste aproximado de hasta 1.800 euros mensuales, una cifra que consideran inasumible para muchos trabajadores temporales que utilizan estos vehículos como solución habitacional ante la crisis de la vivienda. Además no suele haber plazas disponibles porque son pocas y muchas las ocupan turistas.
La plataforma también sostiene que las restricciones están provocando que trabajadores temporales abandonen la isla o ya ni se planteen venir a trabajar, lo que agravaría la falta de personal en sectores como la hostelería.
Argumentos jurídicos de la plataforma
En sus alegaciones, la P.A.C.A. defiende que la normativa insular podría vulnerar derechos constitucionales y legislación estatal.
Entre sus principales argumentos destacan:
Falta de competencia del Consell en materia de tráfico y estacionamiento, que corresponde a los ayuntamientos.
Discriminación frente a otros vehículos, ya que las autocaravanas estarían obligadas a utilizar campings de pago mientras otros vehículos pueden estacionar libremente.
Reconocimiento de las autocaravanas como domicilio, protegido por la Constitución, siempre que no exista acampada con elementos externos.
Posible vulneración de derechos fundamentales, como la libre circulación (artículo 19 de la Constitución) o el principio de igualdad (artículo 14).
Contradicción con normativa estatal de tráfico y jurisprudencia, que establece que una autocaravana estacionada debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otro vehículo si no está acampando.
Además, denuncian que no existen suficientes campings ni áreas habilitadas en Ibiza para absorber la demanda actual.
Propuesta alternativa
La plataforma ha propuesto al Consell crear áreas específicas de servicio para autocaravanas, con control y servicios de vertido, una fórmula que aseguran que funciona en numerosos municipios de España y Europa.
«Cala Codolar, San José, 07820».
Qui ha redactat això, ni compleix la toponímia oficial «Sant Josep», ni coneix el codi postal de la zona, ja que 07820 és Sant Antoni de Portmany.
Tenint en compte que a Sant Antoni hi ha un codolar on és impossible estacionar una autocaravana, aquesta sanció cau per defecte de forma.