La Asociación de Constructores de Baleares ha advertido del impacto que está teniendo en el sector la escalada del precio del petróleo provocada por el conflicto y la inestabilidad geopolítica en Irán, una situación que, según el sector, está incrementando de forma directa los costes operativos de las empresas constructoras y puede poner en riesgo la ejecución de obras.
La patronal explica que la construcción depende de forma crítica del combustible para la maquinaria pesada y la logística, por lo que cualquier subida del petróleo repercute de forma inmediata en la actividad diaria de las empresas. En la última semana, el precio del gasóleo en Baleares ha aumentado 30 céntimos por litro, lo que supone un incremento del 25%. En términos prácticos, esto implica que llenar el depósito de una excavadora cuesta entre 75 y 100 euros más para apenas un día y medio de trabajo.
La asociación también alerta de un posible “efecto dominó” en toda la cadena de suministro. El encarecimiento del petróleo dispara los costes del transporte y también los de la producción industrial, especialmente en sectores con gran dependencia energética. Como consecuencia, se prevé un nuevo aumento en el precio de materiales de construcción como cemento, acero, aluminio o cerámicos, entre otros.
El sector recuerda además que la construcción todavía arrastra las consecuencias del fuerte incremento de costes registrado tras la pandemia. Según los datos del índice MITMA, el aumento de costes del sector durante el bienio 2021-2022 fue superior al acumulado de los quince años anteriores. A comienzos de 2026, los costes de construcción en Baleares continúan entre un 30% y un 35% por encima de los niveles de 2020.
Ante este escenario, la Asociación de Constructores ha solicitado al Govern balear que traslade al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas urgentes que ya se aplicaron durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Entre ellas, reclaman la recuperación de las bonificaciones al gasóleo, la revisión de precios en los contratos de obra pública incorporando el factor energético y una reducción de la carga fiscal sobre los combustibles, con el objetivo de evitar que el encarecimiento energético termine bloqueando la actividad productiva.
La patronal también pide a todas las administraciones —incluidas las autonómicas, los consells y los ayuntamientos— que incorporen de forma automática la revisión de precios en las licitaciones de obra pública con contratos superiores a un año, tal como permite la legislación vigente.
Desde la asociación advierten de que, si no se adoptan medidas, el sector podría enfrentarse a una paralización de obras tanto públicas como privadas. Recuerdan que los incrementos de costes no pueden ser asumidos íntegramente por las empresas sin comprometer su solvencia económica o la continuidad de los proyectos, lo que genera inseguridad jurídica y económica.
En el caso de la obra pública, el problema puede agravarse si las administraciones no actualizan los presupuestos de licitación a la realidad del mercado, ya que esto podría provocar nuevamente un aumento de concursos desiertos al no resultar viables para las empresas.
En el ámbito de la obra privada, la prolongación del conflicto y de la escalada energética también podría afectar a la ejecución de promociones de vivienda, con retrasos en los plazos y nuevos incrementos de costes en un contexto marcado por la actual emergencia habitacional en las islas.
